El proceso de negociación para una resolución integral del conflicto vasco ha tocado a su fin, ahora surgen propuestas que no por parciales dejan de ser reivindicadas por sus defensores como capaces de solucionar ese mismo conflicto. Así, la nueva propuesta de Ibarretxe establece que su objetivo es «canalizar la solución al conflicto vasco», a pesar de que no tiene competencias en gran parte del territorio donde se da ese conflicto, ni tiene en su poder la capacidad de decidir por el resto de agentes que forman parte de ese conflicto.

Durante el proceso, el Gobierno español ha dicho una y otra vez que la paz no tiene precio político, pero todo el mundo es consciente de que la divisa con la que Ibarretxe puede negociar -el apoyo social que pueda recabar el tripartito y Aralar en una hipotética consulta- no cotiza alto en Madrid. Por si alguno tenía dudas de que la «voluntad popular» no es un valor político central en el Estado español, todos los miembros significativos del Ejecutivo español han dejado claro que no importa en absoluto el apoyo que una propuesta pueda recabar entre los vascos -o, por decirlo correctamente, entre una parte de ellos-.

Si el Gobierno de Zapatero dijo «no» hace tan sólo unos meses a una propuesta que incluía, «en el marco de la consecución definitiva de los objetivos políticos y técnicos del proceso de resolución», un «compromiso de desactivar la lucha armada y de desmantelar sus estructuras militares» por parte de ETA, es lógico pensar que, aun admitiendo el falso dogma de que la paz no tiene precio, no aceptará un trato que sólo le suponga ganar el apoyo fiel del PNV. Aún más cuando, tal y como hemos podido comprobar esta misma semana, el PSOE cuenta con ese apoyo en temas centrales como los Presupuestos del Estado.

Negociar sí, pero qué y con quién

Cuando Zapatero afirmó que antes de ir a Madrid primero es necesario un acuerdo entre las fuerzas políticas vascas, daba por hecho que todo el mundo entiende que ese acuerdo debe darse entre el PNV y el PSE. Cuando Ibarretxe habla de abrir una negociación en torno a su propuesta, da por hecho que todo el mundo entiende que esa negociación, de ser, será entre el PNV y el PSOE y que eso implica que será necesario rebajar su propuesta para llegar a un acuerdo.

Sin embargo, de las premisas «hay que llegar primero a un acuerdo entre las fuerzas vascas» y «hay que conseguir un acuerdo por medio de la negociación» no hay por qué inferir ni que ese acuerdo ha de ser entre socialistas y jelkides, ni que el punto de partida de esa negociación deba de ser una rebaja de contenidos.

Dicho de otra manera, Ibarretxe y su equipo parecen empeñados en negociar con aquel que le ha dejado meridianamente claro que no está dispuesto a negociar con él absolutamente nada. La vicelehendakari del Gobierno de Lakua, Idoia Zenarruzabeitia, ha explicado claramente esta semana que el Ejecutivo de Zapatero no está dispuesto no ya a hablar sobre un nuevo Estatuto, sino sobre el cumplimiento del viejo -algunos fueron más lejos, hace ahora 10 años, y lo consideraron no viejo, sino muerto-. Mientras tanto, Ibarretxe se niega a negociar con quien le ha dicho con toda nitidez que está dispuesto a llegar a acuerdos sobre la base establecida por una de sus propuestas -en concreto, sobre el preambulo del denominado plan Ibarretxe-.

Las normas elementales de la negociación

Desde tribunas como ésta, los medios de comunicación tendemos a hacer sesudos análisis sobre la situación política y sobre procesos de negociación como el que ha pasado o como el que parece venir. Por el contrario, hay análisis más básicos que a menudo quedan ocultos.

Uno de esos análisis elementales, referidos al pasado proceso de negociación, es que nada se puede esperar de un proceso en el que la mesa de negociación se convierte en una jaula para una de las partes. La detención y el encarcelamiento, durante el proceso y después, de participantes en las negociaciones de ambas mesas, evidencia como pocos otros elementos la nula voluntad de negociar del Gobierno español.

Respecto a la negociación propuesta por Ibarretxe, lo más importante es no equipararlo con el anterior proceso, puesto que mientras el otro podía haber traído un escenario político nuevo de democracia y paz para el conjunto de los territorios vascos, esta propuesta, de momento, tiene como techo un nuevo estatuto que ni sacia los deseos de la ciudadanía vasca ni puede «canalizar» -mucho menos lograr- la resolución del conflicto. Si las competencias del lehendakari sirven para excusar las limitaciones de sus propuestas desde una perspectiva abertzale, también deben servir para dejar sentadas las limitaciones que sus propuestas pueden tener de cara a la resolución de un conflicto.

La segunda reflexión elemental es que si el objetivo es aglutinar fuerzas de cara a una negociación con el Estado, lo más urgente será convocar a aquellos que están en disposición de implementar esa posición de poder. Eso supone no rebajar las pretensiones de este u otro proyecto, sino acordar las bases comunes de la mayoría social y política de todo el país.

Comenzamos la semana con una declaración de Egibar hablando de una coalición nacional y la terminamos pidendo coherencia, claridad y, sobre todo, una buena dosis de sentido común.