«Una mujer que quiere abortar se enfrenta a la cárcel y a la Iglesia»
María Eugenia Delgadillo, Sandra Edibel Guevara | de la colectiva de mujeres de Masaya y de la asociación las Mélidas
«Una mujer violada, embarazada y que quiere abortar se enfrenta a ser penalizada con entre dos y ocho años de cárcel y a que la Iglesia y la familia le llamen `pecadora'. El Estado, la Iglesia y las organizaciones del Opus Dei se oponen a que ejerzamos un derecho que tiene que ver con nuestra propia vida, sexualidad, cuerpo», subraya Sandra Guevara, directora ejecutiva de la asociación de mujeres Las Mélidas de El Salvador. La nicaragüense María Eugenia Delgadillo, de la Colectiva de Mujeres de Masaya, se suma a esta denuncia. Ambas han participado en el encuentro celebrado en Bilbo. En esta entrevista con GARA, analizan la situación en sus respectivos países.
La derogación del aborto terapéutico en Nicaragua y la negación a practicarlo en casos de extrema gravedad ha movilizado a organizaciones de mujeres como la que usted representa.
María Eugenia: Una de las cosas que realmente nos está moviendo el suelo es la violación de nuestros derechos, principalmente, sexuales y reproductivos. Tenemos el ejemplo de la «niña Rosita». En 2003, fue violada en Costa Rica por un empleado de la hacienda donde trabajaba. Tenía nueve años. Los grupos de mujeres intervinieron para trasladarla a Nicaragua y practicarle un aborto terapéutico -todavía no había sido penalizado- y así salvarle la vida. Años después, fue nuevamente violada por el padrastro con el resultado de embarazo y el nacimiento de una hija. En Nicaragua, hay muchas «Rositas». Estamos en un proceso de visibilizar la cantidad de «Rositas» que, día a día, llegan a las comisarías y de denunciar la impunidad existente y el hecho de no creer en la palabra de la niña o niño.
Por ello, hemos puesto en marcha campañas de sensibilización de las autoridades, personal de Policía, Ministerio de la Familia... de todas las instituciones para que sepan cómo se da la dinámica del abuso sexual y eviten la ridiculización.
Nos hemos encontrado en situaciones en las que a la víctima se le pregunta a qué hora se produjo la violación. En una situación semejante, el terror y, sobre todo, darte cuenta de que el que está violentado mis derechos es una persona conocida no te permite buscar un reloj para saber la hora exacta. Otra de las preguntas suele ser si había testigos, cuando todos sabemos que el abusador crea las condiciones y conoce en qué momento la víctima está sola. Estamos intentado que la persona que va a entrevistar a esa niña o adolescente tenga la ética y los conocimientos adecuados.
La situación en Nicaragua es muy compleja. Ha habido una fuerte tarea de desinformar a la sociedad. Se ha difundido un cartel que muestra a una niña ya formada sostenida en brazos y en el que se dice que el aborto terapéutico es asesinar a personas. Se han hecho marchas masivas, recogidas de firmas y manifestaciones bajo el lema «Sí a la vida, no al aborto» para presionar a los legisladores. Todo esto está muy relacionado con la religión y la Iglesia católica. En los colegios religiosos, por ejemplo, si una alumna no quería asistir a una de estas manifestaciones le quitaban puntos. Pero no perdemos la esperanza. Recientemente, un sacerdote católico abogó por retomar algunos puntos del aborto terapéutico. Los partidos políticos tienen temor a permitirlo por la posible pérdida de votos y los médicos tienen las manos atadas. Más de 82 mujeres han muerto por no practicarlo.
A la ciudadanía nos toca organizarnos mejor, hacer más protestas, informar a la sociedad y buscar el apoyo de organismos internacionales.
¿Cuál es el estado de los derechos civiles en El Salvador?
Sandra: Junto a Guatemala, El Salvador se está caracterizando por ser uno de los países más violentos. De las 12 personas que a diario son asesinadas en El Salvador, 6 son mujeres. Para nosotras son feminicidios. En su gran mayoría son jóvenes; se dice que pertenecen a las maras, pero sabemos que hay algo detrás. Los organismos de mujeres, como Las Mélidas, hemos denunciado la impunidad en torno a esta violencia social. Desde el fin de la guerra, no había una situación de violencia tal. Desde 2000, estamos tratando de que la Asamblea Legislativa apruebe la ley de Protección a Víctimas de Violencia. Cada 25 de noviembre estamos en la Asamblea Legislativa para incidir en esta demanda.
En las distintas instituciones -Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos, etcétera- debería haber registros individualizados de estas muertes y de sus causas, de por qué sus cuerpos aparecen desmembrados en bolsas negras en distintas zonas del país.
Producto de la democracia entre comillas que hay en El Salvador, el Gobierno de Antonio Saca está introduciendo el miedo en la población civil organizada.
El 5 de julio de 2006, la Policía reprimió duramente una manifestación de jóvenes contra la subida de los precios de los billetes de autobús y de la energía. No nos explicamos por qué la Policía usó gases lacrimógenos y balas de hule. Dos agentes resultaron muertos. Esto nos llamó mucho la atención porque quienes portaban las armas eran los francotiradores, policías, y los helicópteros; no los jóvenes. Nos trajo el recuerdo del pasado. El director de la Policía dijo enseguida que se debía aprobar la «ley antiterrorista».
El 2 de julio de este año, hubo otra movilización en Suichitoto en defensa de la no privatización del agua. 14 personas de organismos civiles fueron detenidas por la Policía antimotines acusadas de actos «terroristas». Pasaron un largo calvario por distintos centros de reclusión.
Nos unimos casi 200 organizaciones para demandar su inmediata liberación. Fuimos a embajadas, cuerpos diplómaticos... Esta presión sirvió para lograr su excarcelación, aunque no han retirado las acusaciones. En febrero tienen un nuevo juicio. Aunque existe una democracia formal, todavía no hay las libertades que la propia Constitución dicta para tener libertad de expresión, de decir `basta ya' y poder hablar. Con esa ley «antiterrorista» quieren acallar al pueblo salvadoreño organizado.
En Nicaragua, el aborto terapéutico fue abolido. En El Salvador, ¿a qué se enfrenta una mujer que quiere abortar?
Sandra: Una joven violada, embarazada y que no quiere tener a su hijo se enfrenta a ser penalizada con entre dos y ocho años de cárcel, y a que la Iglesia y la familia digan que es una `pecadora' por no dar la oportunidad de vivir a ese ser que lleva en el vientre. Las salvadoreñas preguntamos «quién es el dueño de nuestro cuerpo y decisiones». El Estado, la Iglesia y las organizaciones del Opus Dei se oponen a que ejerzamos un derecho que tiene que ver con nuestra propia vida, sexualidad, cuerpo.
Por ello, el 28 de setiembre iniciamos la campaña «Información para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir».
Ainara LERTXUNDI
¿Qué percepción se tiene de la violencia de género ?
María Eugenia: Es vista como un problema privado. Recuerdo el caso de una mujer que estaba siendo golpeada por su pareja. Cuando llegó la Policía y estaban a punto de llevárselo dijo que lo dejaran y así lo hicieron. Yo le pregunté al policía qué hubiera ocurrido si al llegar a esta casa hubieran hallado droga en vez de a un hombre golpeando a su pareja. Dijo que lo hubieran detenido. En este caso no lo hicieron porque se ve como una cuestión familiar. Es necesario que haya un cambio de concepto, que se visibilice como una vulneración de derechos humanos. Estamos trabajando para que la violencia contra las mujeres sea considerada como un problema de orden social y no privado, y sea una prioridad.
Sandra: El Salvador tiene una deuda con las mujeres y con el feminicidio al que estamos asistiendo. El Estado tiene que velar por la salud mental de estas familias, procurarles atención sicológica. Hay una invisibilización total. Cuando una mujer acude a la Policía Nacional Civil tiene que oír cosas como «usted fue culpable, usted lo provocó». Si no hay personal sensibilizado y si la violencia no se asume como algo social, nunca se le dará realce. Mientras se perciba como algo natural, seguirá habiendo impunidad.
Al igual que en El Salvador, en Nicaragua también hay un alto índice de mujeres muertas de manera violenta.
María Eugenia: Muchas aparecen mutiladas. La mayoría de veces, el responsable es su ex compañero o alguien muy cercano. Las mujeres no tienen ningún resguardo para salvar su vida; cuando deciden iniciar un proceso judicial es porque su vida realmente está en peligro. El Estado debería crear albergues para estos casos; en estos momentos, en Nicaragua sólo hay tres. Detrás de esto se esconde una cuestión cultural de abuso de poder.
¿Qué factores se esconden detrás de esta violencia?
María Eugenia: Hay tres pilares fundamentales; el hogar, la escuela y la religión. Hay un concepto cultural de unidad familiar. Desde muchas instancias se nos acusa a los grupos de mujeres de querer la desintegración familiar. Ha habido situaciones en las que una juez le ha dicho a la víctima de violencia que le dé otra oportunidad a su pareja. Debemos combatir estas expresiones culturales. Cuesta muchísimo cambiar este aspecto ideológico, que acarrea retroceso, impunidad y muerte.
Sandra: En El Salvador, los programas del Instituto de la Mujer tienen, a nuestro juicio, un enfoque equivocado. Buscan reconciliar a la familia y a la pareja a cualquier coste, y a la mujer se le pide que se contente y reconcilie con su marido. Las instituciones del Estado priorizan la unificación familiar. Mientras no se diga «alto a la violencia», no lograremos acabar con este círculo. Es importante que la mujer pueda empoderarse, tenga autoestima y pueda seguir adelante. En Las Mélidas, les brindamos atención sicológica y asesoría jurídica para que denuncien su situación.
