Hace poco tuve la ocasión de escuchar en una conferencia a Javier Orozco, sindicalista colombiano exiliado desde hace algunos años en Asturias, lejos de su patria querida al menester del peligro que su vida por allí corre. Son muchos, cientos, los compañeros suyos que han sido «desaparecidos» o «troceados» con motosierras en episodios de siniestralidad laboral en su sentido más bárbaro. Su testimonio, dentro de la presentación de un informe de Amnistía Internacional sobre la realidad sindical colombiana, me hizo reflexionar sobre qué significa en otras latitudes llevar a cabo una actitud militante y combativa.

La lucha por la justicia social allí se paga con la vida, vidas que se cobran los pistoleros a sueldo de las multinacionales, algunas españolas, a fin de hacer valer unas condiciones de explotación para echar barriga de buen peculio los amos del cotarro. Estos pistoleros, que componen los grupos paramilitares, estructuras vinculadas al estado, no perdonan al disidente y suponen entodavía el verdadero azote vil de la población colombiana.

Así pues me valgo de entodavía -con desliz gramatical-, para fijar la atención en una verdad que, por mucho que los medios se presten a ocultar (qué deprisa irrumpió el grupo de Polanco en el país), demuestra que no se desmovilizaron, si bien se urdió una operación de reciclaje que reintrodujo desechos en el ciclo de producción, desechos que hoy son policías, militares o seguratas guachimanes armados que por las noches actúan, imponiendo la mano dura que caracteriza la forma de hacer de Uribe.

La deforestación humana se apuntala en la pobreza y la guerra. La política exterior de nuestra clase dirigente aprueba y consiente que así sea. Nuestro compromiso, de esta tela todos tenemos un vestido, es obrar un frente de presión a fe de que las instituciones se mojen desde este lado del charco.