Emmanuelle ANDREAMI Corresponsal de FRANCE PRESS

En el campo de Salome en Roma, los romaníes temen ser expulsados, pero tienen aún más pánico a que estalle contra ellos una oleada de violencia racista en el contexto de las tensiones en torno a la muerte de una italiana el pasado 30 de octubre.

«El odio que ha estallado entre la población me da mucho miedo», asegura Gina, 36 años de edad, una gitana oriunda de Rumanía que vive desde hace siete años en el campamento.

La Alcaldía de Roma confió hace un año la gestión de este campo, situado al oeste de la capital, a una asociación humanitaria y reemplazó sus chabolas de cartón por estructuras prefabricadas, provistas de agua y de electricidad.

Alrededor de 700 personas, principalmente gitanos procedentes de Rumanía, Serbia y Bosnia están hacinados en un centenar de prefabricadas, de 15 metros cuadrados cada una.

«Por primera vez desde que llegué aquí no me atrevo a salir a hacer las compras», añade Gina, que gana unos pocos cientos de euros al mes trabajando como asistenta maternal en la guardería creada por la asociación en el campamento.

«He pedido a mi hijo de 15 años que no vaya a la escuela, ya que está a dos horas de trayecto y hoy es demasiado peligroso. El se niega a obedecerme y yo espero con ansiedad su regreso todas las tardes», asegura una mujer de unos cuarenta años de edad que se niega, aterrada, a dar su nombre.

Como ella, la mayoría de los habitantes del campamento no ocultan su nerviosismo y evocan con indignación la agresión, el pasado viernes y en el acceso de un supermercado situado a tres kilómetros de distancia, contra tres romaníes, uno de ellos en estado grave, propinada por un grupo de italianos encapuchados y provistos de cascos.

Una agresión que hace temer una vendetta anti-romaníes provenientes de Rumanía en Italia en represalia por la muerte de Giovanna Reggiani, esposa de un alto oficial de la Marina italiana y de 47 años de edad.

Un joven rumano de origen gitano que vivía en un campamento similar en Roma ha sido detenido por esta muerte.

«Estos sucesos han sembrado una gran confusión aquí. Muchos habitantes no dejan salir a sus hijos mientras nosotras nos esforzamos por escolarizarlos», se lamenta Daniela, de 30 años de edad y asistenta social.

Como en la Guerra Mundial

«Hay leyes para juzgar a los criminales, no le corresponde al pueblo italiano tomarse la justicia por su mano», denuncia un romaní serbio de 50 años de edad y que, protegido por el anonimato, evoca la deportación de gitanos durante la Segunda Guerra Mundial y compara con ella la decisión del Gobierno italiano de facilitar expulsiones masivas.

«Las 5.000 personas que viven en este tipo de campamentos en Roma no deben pagar por ese cabrón», coincide indignada Gina.

«¿Usted cree que a nosotros también nos van a expulsar?», pregunta angustiado otro romaní, oriundo de Bosnia, que acuna al menor de sus seis hijos a la entrada de su barracón.

El decreto adoptado por urgencia por el Gobierno italiano para facilitar la expulsión de extranjeros miembros de la Unión Europea por motivos de «seguridad pública» suscita temor entre los que no tienen papeles o un empleo declarado.

Decenas de expulsiones fueron ordenadas por las prefecturas de Milán, Roma y Turín el pasado fin de semana, la mayor parte contra personas de etnia romaní. El Gobierno rumano protestó por esta medida. El italiano reaccionó ordenando que no se den nuevas cifras y noticias de expulsados.

Alrededor de 342.200 romaníes de distintas nacionalidades viven en Italia, según las cifras oficiales, pero Cáritas los eleva a 556.000, una cifra en aumento desde la entrada de Rumanía en la UE en enero pasado.