La Policía española detuvo ayer en Gasteiz a un empresario de la Construcción y a un abogado a los que se acusa de someter a trabajadores extranjeros a «una auténtica explotación», según la Delegación del Gobierno español. Se trata de un empresario de 52 años, J.G.D.A.C, y de J.P.A.P., letrado residente también en Gasteiz. La Policía considera a ambos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, amenazas y coacciones.

La investigación policial se inició el pasado mes de julio, al tener conocimiento de que el empresario contrataba a ciudadanos extranjeros sin la documentación necesaria para poder realizar actividad laboral por cuanta ajena, además de aprovecharse de la situación de precariedad, estado de necesidad y falta de arraigo de los trabajadores que contrataba.

Las pesquisas policiales señalan asimismo que en las ocasiones en las que el empresario fue requerido por los trabajadores para regularizar su situación, la respuesta de J.G.D.A.C. era la amenaza. Así, el empresario aseguraba que ese proceso suponía un desembolso económico importante, y les exigía sumas que oscilaban entre 4.800 y 6.000 euros, mientras el abogado J.P.A.P. se encargaba de realizar los trámites y, a su vez, les exigía cantidades que oscilaban entre los 500 y 1.000 euros para iniciarlos.

LAB denunció este caso y exigió la adopción de medidas conra los responsables de una «actuación mafiosa» que tiene su origen «en las condiciones precarias en las que se obliga a trabajar a este colectivo». El sindicato opinó que esta explotación es posible por las leyes de extranjería que criminalizan los flujos migratorios, tratándolos más como un problema de orden público que como un derecho de las personas.