El PSOE ha dado un paso más en su particular caza de brujas contra EAE-ANV, esta vez mediante el proceso de reforma de la Ley de Restitución a los Partidos Políticos por los Bienes y Derechos Incautados entre 1936 y 1939.

La Comisión Constitucional encargada de esta reforma se reunió durante la mañana de ayer con el fin de ampliar el ámbito de aplicación y flexibilizar los mecanismos de prueba para presentar solicitudes de devolución. Se trataba, tras la Ley de Memoria Histórica, de facilitar esta reintegración del botín franquista a sus legítimos dueños. Sin embargo, el PSOE ha querido utilizar este trámite en su batalla contra ANV.

La enmienda que presentó el partido de José Luis Rodríguez Zapatero y que fue acordada por todas las formaciones presentes, con la excepción del PNV y ERC, plantea incluir un nuevo apartado en la ley que estipule expresamente que no se podrá restituir ni compensar a «partidos políticos que hubieran sido declarados ilegales, disueltos o suspendidos judicialmente».

Es más, la enmienda afina aún más a las intenciones del PSOE y establece que tampoco podrán recibir indemnizaciones si ya se ha iniciado el procedimiento de ilegalización, aunque aún no se hubiera completado, o si la formación hubiese visto anuladas algunas de sus candidaturas, en aplicación de lo previsto en la Ley de Partidos Políticos. Se trata, como queda a la vista, de una coletilla ad hoc contra ANV.

De aprobarse este texto finalmente en el Congreso y en el Senado español, se podría impedir de facto que la formación ekintzale se acogiera a esta norma, dado que en los comicios del pasado 27 de mayo algunas de sus candidaturas ya fueron anuladas por los tribunales.

El proceso de reforma de esta ley, aprobada además en la era de José María Aznar, se inició el pasado febrero, cuando se tomaron en consideración sendas proposiciones de ley de las formaciones CiU, ERC e IU-ICV para subsanar lo que entendían como defectos de aplicación de la normativa. Ahora, una vez cumplida la tramitación de la denominada Ley de Memoria Histórica, el Congreso español ha comenzado a revisar la ley que pactó en su día el Gobierno español del PP con CiU y PNV.

La Comisión Constitucional encargada de esta reforma acordó ayer fusionar las tres proposiciones de ley presentadas al respecto junto a la polémica enmienda del PSOE, lo que supone una primera aprobación.

El PP, por su parte, consideró que la ley de 1998 ya fue objeto de «un amplísimo consenso» y asegura que en estos momentos «no procede ninguna modificación ni ampliación» de la norma para facilitar las tramitaciones.

El lunes, votación final

El lunes, el dictamen aprobado ayer se votará en la Comisión Constitucional del Congreso español, donde ERC, tal y como indicó a GARA, pedirá que la enmienda del PSOE contra ANV se vote por separado.

En caso de no ser así, tanto la formación catalana como el PNV tendrán que decidir si apoyar o no la reforma de esta ley.

Tras la cita del lunes, la ponencia se remitirá al Senado español para su aprobación definitiva.

El resto del texto validado en la sesión de ayer deja claro que su objetivo era facilitar la tramitación de estas devoluciones a quienes sufrieron el expolio del franquismo. Así, se acuerda ampliar el ámbito subjetivo de aplicación de la ley para alcanzar a las entidades sociales vinculadas a los partidos políticos, y no sólo a éstos. Igualmente, se flexibilizan los mecanismos de prueba para acreditar la titularidad de los bienes de aquellos años, dada la dificultad para conservar documentos en una guerra y habiendo transcurrido tanto tiempo. Asimismo, al cambiar las condiciones la ley abrirá además un nuevo plazo de un año para que las formaciones políticas afectadas puedan presentar nuevas solicitudes de restitución y se facultará al Gobierno español para que, por decisión de Consejo de Ministros, revise de oficio los procedimientos administrativos aún en curso.

La ley incompleta del PP

Mediante la aplicación de esta norma aprobada por el Gobierno de José María Aznar en 1998, el Tribunal Supremo español reconoció el derecho de ANV a ser compensado en unos 700.00 euros por bienes incautados tras el golpe de Estado franquista. En la sentencia dictada en abril del 2003, el Supremo reconoce en concreto la compensación de 689.961 euros por un inmueble situado en Barakaldo. El resto correspondería a saldos en efectivo de cuentas y depósitos en entidades bancarias y financieras.

Sin embargo, la sala rechazó la pretensión de la formación ekintzale de que se le compensara por 96 arrendamientos y por otras cuentas, al estimar que que no ha quedado probado que el partido fuera titular de las mismas.

El ex secretario general de la formación ekintzale, Antxon Gómez, consideró esta compensación «completamente insuficiente», ya que, tal y como ha explicado a GARA, en los años 30 ANV contaba con cerca de 80 locales. Fundamentalmente en Gipuzkoa y Bizkaia, pero también en Iruñea o Gasteiz.

A su juicio, la ley aprobada por el PP establecía una condición «imposible de cumplir», ya que para el cobro de indemnizaciones solicitaba documentos que acreditasen la posesión de los recintos. Gómez destaca que la práctica totalidad de aquellos locales estaban alquilados con contratos orales, ya que entonces no eran necesarios los certificados escritos.

El ex secretario de la histórica formación resalta también que la valoración de los inmuebles se realizó en base al catastro, «mucho menor que el valor real del mercado», apostilla.