Fue el 3 de noviembre de 1982 cuando el Banco de España decidió intervenir la entidad ante las dificultades por las que atravesaba desde hacía meses. La intervención del grupo bancario que Jordi Pujol había impulsado hasta el año 1977, cuando abandonó la dirección del banco para dedicarse a la vida política, estuvo marcada desde el principio por la polémica, dado que se produjo sólo seis días después de la primera victoria del PSOE en las generales del Estado, siendo Pujol entonces un primerizo presidente de la Generalitat.

El grupo Banca Catalana nació el 18 de marzo de 1959, cuando un grupo formado por Florenci Pujol, su hijo Jordi y Francesc Cabana, con el apoyo de varios industriales, compraron la Banca Dorca de Olot, pequeña entidad financiera que disponía de unos depósitos de 18 millones de pesetas.

A finales de 1981 el banco contaba ya con unos recursos ajenos de más de 250.000 millones de pesetas (1.500 millones de euros) y en octubre de 1982, cuando se hizo patente la quiebra que derivó en la intervención del Banco de España, sus deudas superaban los 130.000 millones de pesetas (780 millones de euros) producto de una política crediticia generosa a empresas a las que sorprendió una aguda crisis industrial.

Tras diseñar el Fondo de Garantía de Depósitos un plan de viabilidad, en mayo de 1983 el Fondo vendió su participación a un pool formado por los entonces llamados «siete grandes» de la banca del Estado español, que encomendó su gestión al Banco de Vizcaya, que se había ofrecido a ello a cambio de una opción de compra.

El Banco de Vizcaya

El banco catalán fue adquirido al año siguiente por el Banco de Vizcaya y tras la fusión de este último con el Banco de Bilbao, el BBVA ejecutó en junio de 2000 la operación de absorción de Banca Catalana, que entonces disponía de 377 oficinas, 1.974 empleados y un activo superior a 6.000 millones de euros.

El último vestigio de Banca Catalana desapareció el 30 de noviembre de 2001, cuando el grupo Planeta compró la que había sido emblemática sede central de la entidad en la Avenida Diagonal.

Pero la crisis de Banca Catalana tuvo sobre todo una vertiente política y judicial, derivada de la presentación de una querella por parte de la Fiscalía, en mayo de 1984, contra 25 ex altos cargos de Banca Catalana, entre los que figuraba Jordi Pujol, días antes de que fuera reelegido como presidente catalán.

Este hecho provocó un notable deterioro de las relaciones entre el Gobierno español con el PSOE al frente y el de la Generalitat, a tal punto que incluso se organizó en Barcelona una manifestación multitudinaria de apoyo al presidente de la Generalitat, al entender que estaba siendo sometido a una persecución política. «El Gobierno central ha hecho una jugada indigna», llegó a exclamar Pujol desde el balcón de la Generalitat al referirse a la querella ante los manifestantes.

En octubre de 1984 el magistrado Ignacio de Lecea tomó declaración a Pujol durante dos horas y media en su residencia oficial de la Casa dels Canonges, trámite en el que también estuvieron presentes los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, y los abogados defensores Joan Piqué Vidal y Juan Córdoba Roda.

Procesamiento de Pujol

El juez dio por concluida la instrucción del sumario en mayo de 1986, tras haber recopilado más de 3.000 folios en nueve volúmenes, que se complementaban con cerca de 65.000 folios de documentación. Un mes después, los fiscales Mena y Villarejo presentaban la petición de procesamiento de 18 ex consejeros del banco, entre ellos Pujol, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad de documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Una mayoría de 33 magistrados votaron en contra de procesar a Pujol al estimar que «no había indicios racionales de criminalidad» en su actuación como vicepresidente ejecutivo de Banca Catalana, mientras 8 jueces se pronunciaron a favor del procesamiento.

Tras esta decisión, la instrucción del caso siguió para el resto de los inculpados, pero en marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos consejeros de Banca Catalana al no encontrar indicios suficientes de delito, pese a considerar que pudieron llevar a cabo «una gestión imprudente e incluso desastrosa».

El Fondo de Garantía de Depósitos evaluó el coste final del saneamiento de Banca Catalana en 83.027 millones de pesetas (500 millones de euros), sólo superado en la historia bancaria del Estado español por el coste del saneamiento de Banesto, que alcanzó los 192.441 millones de pesetas (1.157 millones de euros).