El sindicato LAB desarrolló ayer un acto en Iruñea en el que su secretario general, Rafa Díez Usabiaga, remarcó la existencia de un amplio sector social y político en el herrialde que aboga por un cambio frente a los síntomas de continuidad que se perciben en Nafarroa tras la reeleción de Miguel Sanz al frente del Gobierno -previo acuerdo con Ferraz y tras un esperpéntico proceso negociador protagonizado por el PSN con la coalición Nafarroa Bai-.

Si tras su elección el jefe del Ejecutivo hizo algún tímido amago de modular su estilo de gobierno, caracterizado por excluir a los sectores de la ciudadanía navarra más activos en la denuncia de su visión limitada y deformadora de la realidad del herrialde, elementos como la reciente renovación del Convenio Económico o el anteproyecto de presupuestos presentado ayer viene a poner las cosas donde siempre: a afianzar un modelo económico basado en la dependencia de Nafarroa y de un modelo institucional que antepone la lealtad a Madrid que Sanz ratificara en su entrevista con Zapatero a la eventual decisión de la ciudadanía en las urnas.

En el ámbito sociolaboral, la política de exclusión lleva ya muchos años en vigor. Si su objetivo era borrar del mapa sindical a organizaciones sindicales abertzales, hay que remarcar su fracaso. En todo caso, esa persistente alianza contra naturam entre sindicatos de obediencia estatal, empresarios y gobierno de UPN-CDN es la mejor demostración de la necesidad continua de apuntalar el estatus antidemocrático que acordaron para el herrialde hace tres décadas, en un pacto en el que fue clave el giro copernicano dado por el PSOE, UGT o CCOO y en el que tampoco cabe olvidar el papel jugado por el PNV.

La situación de inmovilismo que soporta Nafarroa tiene un agente principal en la derecha, pero se sostiene con el concurso de otras fuerzas políticas y sindicales. Impulsar un cambio político real obliga a adoptar compromisos para superar tanto la Ley de Partidos como el apartheid estructural que impera en el herrialde.