Apelar a la seguridad parece motivo suficiente para recurrir a la videovigilancia de forma abusiva tanto en calles como en lugares privados. José Luis Goñi ha estudiado el fenómeno de la videovigilancia en las empresas y, entrevistado por GARA, muestra grandes dudas en torno a esa práctica. Resulta muy sencillo, y barato, instalar cámaras u otros sistemas de videovigilancia. Sencillo técnicamente, pero también legalmente. Y por si no fuera suficiente una permisiva y ambigua legislación, no se observa gran interés en tomar las medidas necesarias para detectar y corregir las irregularidades que sobrepasan la salvaguarda de derechos fundamentales, como el hecho de no informar de la existencia de control mediante videovigilancia y vulnerar la protección de datos personales. Por otro lado, parece tarea inútil pedir al empresariado mayor respeto a la libertad, a la de los demás, claro está, pues más allá de la retórica con que rellenan sus discursos públicos, su práctica exclusivamente dirigida a la optimización de beneficios, aun ignorando los derechos de los trabajadores, es muestra de esa falta de respeto. Ese abuso de videovigilancia es posible gracias a la falta de claridad en las leyes, pero también de escrúpulos por parte de quien se cree con derecho a entrometerse en la intimidad de aquéllos a quienes, al parecer, cree propiedad suya.