Electos y electas de EAE-ANV, y a su vez representantes de las diferentes mancomunidades guizpucoanas, comparecieron en Usurbil para dar cuenta de las líneas de intervención que llevarán a cabo, tanto en las instituciones como fuera de ellas, en torno a la gestión de residuos.

Reiteraron que es necesario dar una salida a la gestión de residuos y abandonar de una vez por todas «la postura intransigente de apostar por la incineración y, a su vez, no permitir al resto poner en marcha alternativas». Al respecto, criticaron que en la anterior legislatura PNV, EA y PSE mantuvieron una postura «absolutamente vergonzosa, centrando el debate en la ubicación de la incineradora, cuando el debate real era otro: que la mayoría de la población guipuzcoana rechaza el sistema de incineración».

No quisieron obviar el apartheid político que padecen, por el que la composición de las mancomunidades «no es del todo democrática» -aunque participan en ellas-, y la formación a la que representan se ha visto vetada en ayuntamientos y en la misma Diputación. «Se aprovecharon y se están aprovechando de esta situación para intentar poner en marcha un determinado sistema de gestión, sabiendo que en una situación normalizada y democrática la incineradora no se construiría», aseguraron.

Sobre el Consorcio de Residuos -constituido en la antesala de los comicios y que hace unas semanas ha reiterado su intención de apostar por la incineradora-, afirmaron que se trata de una herramienta para imponer la incineradora en terrenos de Zubieta, ubicación que «ha sido pactada políticamente entre PSE y PNV, Ayuntamiento de Donostia y la Diputación de Gipuzkoa», sin realizar los informes preceptivos relativos a las afecciones que la planta provocaría al medio ambiente y a la salud de las personas.

En cuanto a las aportaciones económicas que deben realizar las mancomunidades al Consorcio, los electos y electas de la formación ekintzale manifestaron que realizarlas sin ningún tipo de condición previa supo-ne «dar luz verde al PIGRUG y, a su vez, a la construcción de la planta incineradora». Consideraron que, antes de todo, es necesario llevar a cabo una consulta popular.

Se comprometieron a que en las mancomunidades defenderán la prevención para reducir el volumen de basura, la reutilización y el reciclaje del máximo de materia posible. Todo ello, defendiendo el principio de proximidad, al contrario que el Consorcio «que apuesta por el tratamiento de residuos centralizando su gestión en grandes plantas, lo que conlleva largos transportes de basura por todo el territorio».

Los representantes de esta fuerza política quisieron hacer hincapié en que, además de en las instituciones, trabajarán también en la calle junto a los agentes sociales que luchan contra la incineración y trabajan por desarrollar alternativas a este método de gestión.