El pasado 31 se Octubre fue aprobada en el Congreso español la denominada «Ley de Memoria Histórica». La filosofía de esta ley y sus contenidos han sido ampliamente criticados por la practica totalidad de grupos y asociaciones de victimas del franquismo, la nuestra entre ellas. Las razones para esa crítica se cimentaban en varios elementos, el más evidente de los cuales era la no anulación jurídica de todas las condenas dictadas por el régimen franquista: condenas de muerte, de cárcel, de trabajos forzados, de destierro... pero también «condenas económicas» dictadas en base a la aplicación de una estrategia brutal que contemplaba en su seno la «represión económica». Por Decreto del 13 de Septiembre de 1936 fueron declarados ilegales los partidos y agrupaciones sociales que integraban el Frente Popular, así como cualquier otro que se hubiese opuesto al golpe militar y se decretaba «la incautación de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos perteneciesen a los referidos partidos y agrupaciones, pasando todo ello a la propiedad del Estado». Los términos de este Decreto serían confirmados en la Ley de 9 de Febrero de 1939, que señaló como fundamento de dichas medidas «la responsabilidad política» en que habían incurrido las organizaciones citadas. A estas normas les seguiría, reforzandolas la Ley de 14 de Febrero de 1942 y la Orden de 9 de Junio de 1943. Organizaciones políticas, sindicales... junto a decenas de miles de personas se verían privadas de sus bienes, de su trabajo, de su forma de vida merced a la aplicación de estas leyes. Sin embargo en la recién aprobada «Ley de Memoria» esa represión económica está ausente de su articulado.

Los argumentos que tanto desde el Gobierno como desde los partidos políticos que han hecho posible con sus votos esta Ley se han dado para no incluir en ésta nada de ello se han basado en «las dificultades jurídicas existentes», «el tiempo transcurrido» y otros similares. Sin embargo, a la semana de ser aprobada esa Ley esos mismos partidos han encontrado rápidamente formulas juridicas para recuperar su patrimonio, proponiendo con una pasmosa rapidez formulas tan flexibles como para permitir a CiU pedir «anticipos de hasta el 30% de las incautaciones» o a IU-ICV proponer «ser compensados también por la incautación de saldos en efectivo» o al PNV proponer que se acepte «cualquier tipo de prueba» para acreditar la titularidad de los bienes que se reclaman, ya que «en la dictadura había una coyuntura conflictiva que impedía producir y conservar documentos con normalidad». Llama la atención que esa misma premura en buscar cauces jurídicos o en plantear una lógica flexibilidad sobre las pruebas para acreditar la titularidad de los bienes no sea también válida en los casos de miles de personas represaliadas «comunes» o militantes de base de esas formaciones políticas y sindicales.

Asimismo, otro elemento relacionado con la estrategia represiva del franquismo y con las incautaciones de bienes ha llegado a nuestro conocimiento esta semana: el Gobierno español encabezado por el PSOE propone legislar para que no se puedan restituir ni compensar las incautaciones realizadas por el franquismo a «partidos políticos que hubieran sido declarados ilegales, disueltos o suspendidos judicialmente» o que «hubieran visto anuladas algunas de sus candidaturas», en aplicación de lo previsto en la actual Ley de Partidos. No hace falta pensar mucho para darse cuenta de que esta medida esta diseñada en exclusiva para ANV-EAE, dado que algunas de sus listas para las elecciones municipales de 2007 fueron anuladas. Así, el mismo Gobierno que argumenta razones de todo tipo para no anular ni una sola condena del franquismo, es capaz de asumir la pervivencia de ese régimen en la pervivencia y prolongación de sus condenas, planteando no sabemos si la inclusión de la legislación represiva franquista en su Ley de Partidos o la inclusión de ésta en aquella, o quizás una simbiosis entre ambas difícil de digerir para cualquier persona amante de la libertad y de la democracia. Pues, en cualquier caso, supone apuntalar y remozar lo que aún pervive del régimen franquista -y recordemos que un régimen pervive fundamentalmente mientras están operativas sus leyes-.

Mal panorama pues para las personas y pueblos que aspiramos a disfrutar de una libertad y una democracia plenas, en un momento en que la Ley de Memoria asienta aún más el modelo de impunidad vigente desde la Transición y, en clara correlación con él, un modelo de democracia incapaz de anular no sólo las condenas del franquismo sino los valores totalitarios y antidemocráticos bajo los que fueron dictadas. Unos valores que hoy son tolerados, compartidos e incluso reforzados con leyes como la recientemente aprobada o por leyes que prolongan las del franquismo, como la que intentan aplicar contra EAE-ANV.