El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer una iniciativa legislativa ante las Cortes españolas, instando a una modificación de la Ley de Enjuiciamento Criminal que permita eliminar el régimen de incomunicación de las personas detenidas, así como la instalación de cámaras para grabar los interrogatorios.

La iniciativa contó con el apoyo de los grupos parlamentarios de Aralar y Ezker Abertzalea, PNV, EA y EB, mientras que PP y PSE votaron en contra. El Parlamento deberá elegir la delegación que defenderá esta iniciativa en el Parlamento español.

Puertas abiertas a la tortura

Los grupos que apoyaron esta iniciativa coincidieron en que la medida de la incomunicación propicia la práctica de torturas y malos tratos contra las personas detenidas.

En este sentido, la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, recordó que el último informe de Amnistía Internacional recoge más denuncias de torturas «y no tantos de `terrorismo'», añadió, para rechazar las acusaciones de quienes dicen que esta propuesta «legitima el `terrorismo'». Ezenarro rechazó que los derechos humanos puedan depender del momento político.

Oscar Matute, de Ezker Batua, mostró su apoyo a la iniciativa porque «no se pueden permitir espacios de impunidad».

En nombre del PNV, Elisabete Piñol destacó la importancia de las grabaciones en los interrogatorios «que nosotros hemos puesto en marcha en las comisarías de la Ertzaintza», aseguró, apoyándose en diversas declaraciones e informes de organismos internacionales, que la incomunicación «debe desapa- recer», y concluyó que «en materia de torturas un solo caso justifica estar en contra».

Rafa Larreina (EA), en una intervención realizada íntegramente en euskara, también se refirió al último informe hecho público por Amnistía Internacional, concluyendo que en el Estado español «la tortura tiene las puertas abiertas». Larreina respondió a quienes aseguran que denunciar la tortura «favorece a ETA» que de esta manera «colocan los derechos humanos y el derecho a la defensa en segundo o tercer nivel si es que eso sirve para esclarecer un delito, si es que eso trae seguridad».

Ezker Abertzalea apoyó la propuesta legislativa que la Cámara de Gasteiz llevará a Madrid porque, dijo su portavoz Nekane Erauskin, «queremos acabar, en todo el mundo, con la incomunicación y con la tortura». Una práctica que, recordó, ha afectado a más 7.000 ciudadanos vascos desde 1978. La portavoz denunció que el aislamiento facilita la tortura, pero además «en sí misma es un trato cruel y degradante y por ello debe ser abolida». Se refirió Nekane Erauskin a la Ertzaintza, de quien, según recordó, el último informe de Amnistía Internacional afirma que «ha mejorado el control de los detenidos, pero no ha impuesto las medidas suficientes para evitar los malos tratos», por lo que instó a Balza a no imponer la incomunicación a los detenidos.

En nombre de los dos únicos grupos de la Cámara que rechazaron la iniciativa intervinieron Rodolfo Ares (PSE) y Carlos Urquijo (PP). Ares, que recurrió a la coyuntura política para justificar su rechazo a la iniciativa, aseguró que «pretender derogar una gran parte de nuestra legislación antiterrorista es una grave equivocación y una irresponsabilidad». Urquijo achacó a la iniciativa «privar al Estado de Derecho de elementos para la lucha contra el terrorismo al impedir la incomunicación».

Poca importancia

Los abogados del TAT Aiert Larrarte y Juan Carlos Yoldi asistieron a la aprobación de esta propuesta en una Cámara en la que resaltaban las muchas e importantes ausencias. Este hecho demuestra, en opinión de los representantes del TAT, «la poca importancia» otorgada a un tema que ha sido denunciado como grave conculcación de derechos por diversos organismos internacionales. En su valoración del desarrollo del debate y de las propias iniciativas aprobadas, se preguntaron qué hubiera pasado si en un debate referido a otras conculcaciones de derechos no estuvieran presentes el lehendakari Ibarretxe o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Iñigo Urkullu, por ejemplo.

Los representantes del organismo que trabaja en favor de la desaparición de la tortura valoran positivamente la petición de instalar cámaras en los interrogatorios, lo que consideran un avance, aunque subrayaron cómo en algunas de las intervenciones de los grupos parlamentarios se había dicho que ello no garantiza que no se torture, incluso aseguraron que el protocolo especial diseñado por Garzón «ha mejorado el que aplica la Ertzaintza y, sin embargo, no ha impedido que se den casos de tortura».

Larrarte y Yoldi se felicitaron de que se identifique la incomunicación «como el elemento más posibilitador de la tortura». Siendo esto así, los abogados del TAT se preguntaron por qué se pide al Gobierno español que no incomunique «mientras la Ertzaintza sigue incomunicando o, al menos, tiene la potestad de hacerlo».

Destacaron ambos abogados las intervenciones de PSE y PP, que calificaron de «apología de la tortura», al tiempo que reivindicaron que «sea cual sea la situación política, las personas detenidas necesitan que se les respeten todas las garantías y todos los derechos».