La orden de detención de 46 ciudadanos vascos, algunos de ellos entrañables amigos, aduciendo para ello la Audiencia Nacional española el manido «riesgo de fuga», supone la confirmación de los peores presagios en torno a un macroproceso político impensable en un estado no ya mínimamente democrático, sino simplemente decente.

Por mucho que los responsables del PSOE argumentarán ahora que, como en todos los demás casos, acatan respetuosamente las sentencias judiciales (salvo las referidas al GAL, parece ser), lo cierto es que la independencia judicial, como todo el mundo sabe, es inexistente. El objetivo perseguido por el Estado español fue en un primer momento ahogar las paupérrimas economías del mundo de la izquierda independentista, para poco después cerrar su periódico de referencia y más adelante, visto lo conseguido, descabezar buena parte de sus estructuras políticas.

Apelar en estos momentos a las garantías jurídicas de un estado liberal es un ejercicio de irresponsabilidad política en que no se puede caer, aunque los sectores más tibios del país volverán a caer en él, desgraciadamente. No puede haber garantías desde el mismo momento en que subsiste un tribunal excepcional, un TOP franquista trasmutado por arte de birlibirloque, como diría el admirado Bergamín, en Audiencia Nacional, que niega el derecho al juez natural y que, de hecho, se convierte en una nueva Inquisición contra el independentismo vasco.

Bajo la brillante teorización jurídico-política de que «todo es ETA», se están cometiendo un sinnúmero de atropellos y de violaciones de los derechos humanos fundamentales que no tienen parangón en Europa, salvo en el atípico caso de Turquía. Y lo peor de todo es que buena parte de la sociedad observa desde la barrera el escándalo sin pestañear, esgrimiendo en algún caso el viejo lema de «algo habrán hecho, cuando los detienen».

No conozco personalmente a todos los encausados en el sumario 18/98, pero puedo decir bien alto que la totalidad de los que han coincidido en algún momento conmigo son personas de conducta intachable, trabajadoras sin descanso, dignas de toda mi confianza y culpables de un solo y grave delito: amar a Euskal Herria. La única arma que han empuñado todas ellas ha sido la de la coherencia política, y si han hecho algún daño, éste habrá sido exclusivamente político, y cometido contra aquellos que niegan de forma antidemocrática el derecho de nuestro pueblo a decidir libre y pacíficamente su futuro.

Dentro de unos días se dará a conocer la sentencia que confirmará punto por punto las detenciones ahora conocidas, poniendo en evidencia lo que muchos ya sospechábamos desde hace bastante tiempo: en Euskal Herria nadie es inocente. Todo aquel que defienda la independencia de Euskal Herria, o la cultura vasca, o el euskara, o unos medios de comunicación propios, o la vuelta de los presos a casa es, por defecto, miembro «virtual» de ETA y, por tanto, puede ser objeto de persecución y, en su caso, de arresto y prisión. Muchos ya lo intuíamos, pero a partir de este nuevo pogrom contra el independentismo nadie puede hacerse por más tiempo el despistado. Ni el señor Ibarretxe, tan injustamente procesado, ni el sindicato mayoritario, tan habitualmente a contrapié.

Y para terminar ésta aproximación de emergencia, otra conclusión clarificadora: el pueblo vasco no puede aspirar a vivir en un sistema que se pueda llamar democracia mientras siga dependiendo de los actuales estados español y francés. Sólo la conquista de su soberanía plena podrá permitirle en el futuro alcanzar un nivel de democracia mínimamente equiparable al de otros pueblos de Europa.