Bajo el mandato del arzobispo de Iruñea y Obispo de Tudela, Fernando Sebastián, la Iglesia navarra escrituró como suyas unas 1.000 iglesias y ermitas de Nafarroa, amparándose para ello en la Ley Hipotecaria de 1948, aprobada en plena dictadura franquista. Así lo reiteraron ayer los portavoces de la plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro en rueda de prensa. José Mari Esparza quiso matizar que las escrituraciones de estos bienes municipales «pudieron llevarse a cabo gracias a un modificación de la ley que el Gobierno de Aznar aprobó en 1998», ya que «derogó el artículo número cinco de ese reglamento, que hasta entonces prohibía expresamente apropiarse de los lugares de culto». «La Diócesis navarra aprovechó la situación para escriturar las iglesias y ermitas de multitud de pueblos», resumió.

En ese sentido, Esparza afirmó que durante estos meses han podido comprobar que el objetivo fundamental de estas apropiaciones era lograr la máxima rentabilidad posible. «Han inscrito las iglesias para poder vender, alquilar, hipotecar o ejercer el dominio de lo que se inscribe. Durante estos meses la Iglesia ha vendido bienes, ha realizado dobles escrituraciones, ha intentado establecer tarifas de 300 euros a los ayuntamientos por el uso cultural de los templos, e incluso se ha llegado a prohibir cantar el `Maitia nun zira' a una coral», denunció en nombre de la plataforma en favor del patrimonio navarro.

En respuesta a los argumentos del Arzobispado de que la Iglesia podía escriturar los templos porque considera que son suyos «desde tiempo inmemorial», Esparza respondió que saben que no es cierto ya que «en los archivos de todos los municipios están las facturas de lo que costó a los pueblos hasta la última campana».

No obstante, reconoció que en algunos pueblos de Nafarroa será complicado demostrar que fueron los ciudadanos quienes contribuyeron a la financiación y construcción de esos bienes, «dado que hay municipios donde se han quemado o extraviado todas las facturas y documentos».

Respecto a las medidas que tienen previsto llevar a cabo, anunció que hay dos vías judiciales a plantear. «Por un lado, se podría presentar un recurso de inconstitucionalidad, ya que pensamos que después de que entrará en vigor la Constitución española la ley franquista ya no debería tener ninguna validez. Y, por otro lado, podríamos reclamar la devolución de los templos al patrimonio público, ya que los bienes públicos no prescriben», advirtió Esparza.

Comisión municipalista

Por su parte, el también miembro de la plataforma y ex concejal de Badostain, Pedro Leoz, anunció que mañana tendrá lugar en Burlata un encuentro de los alcaldes y concejales navarros para poner en marcha una comisión municipalista «que defienda los derechos patrimoniales e históricos de los pueblos». Será a partir de las 10.00 en la Casa de Cultura.

En ese sentido, Leoz denunció «el descaro» mostrado por la dirección de la Federación Navarra de Concejos y Municipios, ya que «teniendo conocimiento de nuestra convocatoria, ha convocado el mismo día y a la misma hora otra asamblea de cargos electos».