La ministra española hizo un viaje relámpago a Euskal Herria para visitar las obras del TAV en Arrazua-Ubarrundia y las del soterramiento de FEVE en Bilbo. En la carpa situada sobre el túnel que se está construyendo para el TAV en Luku, y respondiendo a una pregunta en torno a la posibilidad de que ayuntamientos contrarios al TAV se nieguen a colaborar en el proceso de expropiaciones, aseguró que es una situación que están analizando a través de los servicios jurídicos. En cualquier caso, aseguró la ministra, «sí hay soluciones jurídicas; una de ellas puede ser la asunción de la competencia por parte de la Subdelegación del Gobierno».

De esta manera, Magdalena Alvarez confirmaba la información aparecida ayer en ``El Mundo'', según la cual la Dirección General de Ferrocarriles habría aprobado una resolución que faculta a los subdelegados del Gobierno español en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para firmar, en lugar de los alcaldes que se nieguen a ello, las actas de expropiación forzosa de terrenos por los que está previsto que discurra el TAV.

Tampoco Nuria López de Gereñu, consejera de Transportes y Ordenación del Territorio de Lakua, hizo ascos a esta posibilidad. En una entrevista radiofónica aseguró que la «Y vasca» es una infraestructura «de interés general», cuyo ámbito de decisión supera el marco local, incluso el de la CAV. Por ese interés que, según subrayó, afecta al conjunto de Europa, existe un trámite administrativo que permite que las actuaciones de quienes sean o no competentes en un trámite concreto no pongan nunca en riesgo «lo que constituye el interés general».

En cualquier caso, y a pesar de que rechazó cualquier actitud que ponga en riesgo ese supuesto «interés general», la consejera de Lakua afirmó que la apuesta del tripartito es que exista el mayor número de acuerdos con los propietarios» de las tierras por las que transcurre el TAV, y «que la afección a la actividad agraria sea la menor posible».

Expropiaciones forzosas

El Ministerio de Fomento español puso en marcha en agosto el proceso expropiatorio y abrió el plazo para alegaciones contra las expropiaciones forzosas de tierras para la construcción del TAV en diversos municipios vascos. En otros lugares, las expropiaciones ya se habían llevado a cabo para poder iniciar las obras.

Hace unas semanas, en una reunión en la que participaron trece alcaldes y 45 concejales representando a cuarenta localidades que están directamente afectadas por el proyecto de «Y vasca» y entre los que están representadas diferentes fuerzas políticas (EAE-ANV, EB, Aralar y plataformas independientes), se denunció la forma en que se están llevando a cabo estas expropiaciones.

Según los reunidos en aquella asamblea, los representantes municipales estaban siendo excluidos de los procesos de expropiación, que se estarían realizando sin respetar los pro- cedimientos establecidos en la legislación.

Alcaldes y concejales anunciaron su intención de hacer «todo lo posible para paralizar este proyecto antisocial y antiecológico y garantizar la participación real de la sociedad».

La legislación establece que las actas de las expropiaciones para una obra de este tipo deben estar firmadas por un representante del Estado, el propietario de los terrenos y el alcalde del Ayuntamiento en el que estén situados. También se establece que esa firma se produzca en los propios terrenos.

Sin embargo, escudándose en la supuesta campaña de amenazas a esta infraestructura, el Gobierno español habría optado por adecuar, una vez más, la legislación a su necesidad de eliminar cualquier dificultad que se le pueda presentar al proceso de construcción del TAV a su paso por Euskal Herria, posibilitando que sean los subdelegados españoles los que firmen las actas en lugar de los alcaldes.

Una modificación legal que, a tenor de lo denunciado por los municipios afectados, no haría sino dotar de respaldo jurídico a una práctica que ya se vendría haciendo de forma excepcional y sin ajustarse estrictamente a la legalidad.

Apoyo sin fisuras

Aunque Nuria López de Gereñu no había conocido oficialmente las visitas que la ministra española realizó ayer a obras ferroviarias en Euskal Herria, la sintonía entre las declaraciones efectuadas por ambas fue total. Sintonía tanto en lo que se refiere al apoyo sin fisuras al proyecto de «Y vasca» como en el análisis del rechazo a esa in- fraestructura, que las dos achacaron a «campañas orquestadas por intereses políticos de la izquierda abertzale y ETA, que han puesto a esta obra en su punto de mira» y que, en palabras de la consejera vasca no responde «ni siquiera a una preocupación medioambiental, ni tampoco a un deseo de dar una alternativa a un sistema de transporte sostenible».

Magdalena Álvarez resaltó, «además de las características técnicas de una obra de este nivel, la importancia de las medidas de sostenibilidad y de respeto a los recursos naturales». Y todo ello, según dijo, con la finalidad de mejorar la conexión territorial entre las tres capitales de la CAV, de éstas con el Estado español y con Europa. También subrayó la ministra española de Fomento el nivel de consenso alcanzado con la administración de Lakua, en contraposición con la situación que, dijo, encontró su gobierno en torno a esta obra, «porque en aquellos momentos todo eran desacuerdos».

Finalmente, como no podía ser menos tratándose de una infraestructura que prima la velocidad en las comunicaciones, Alvarez habló de las ventajas del TAV en términos de ahorro de tiempo: «Si hoy en día el trayecto entre Bilbo y Madrid cuesta seis horas y diez minutos, cuando esta obra finalice y el TAV haga ese recorrido, el tiempo será de sólo dos horas y media».

Casi al mismo tiempo, y no muy lejos de la carpa instalada por el Ministerio de Fomento en Luku, la consejera de Lakua hablaba también de tiempo para defender el TAV. Pero en esta ocasión se trataba de los veinte años que, según asegura, nos llevan de ventaja «en Europa», donde dice que «la gente quiere, se pelea, por tener la alta velocidad como proyecto social».