La Audiencia Nacional española condenó ayer a 28 años de cárcel a Fernando Silva por el secuestro en 1995 del empresario zaragozano Publio Cordón y a indemnizar a la esposa e hijos de éste con 300.000 euros en caso de que se acredite que sigue con vida, o con más de dos millones y medio de euros si está muerto.

Asimismo, absolvió a Manuel Pérez, secretario general del ilegalizado PCE(r), y a Isabel Llaquet, a quienes imputaban haber ordenado esta acción. Ambos fueron detenidos en París en 2000 y condenados por «asociación de malhechores».

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal establece ahora que «no ha quedado acreditado que determinaran u ordenaran al coacusado Silva Sande y a los ya condenados de llevar a cabo el secuestro (...) ni puede desprenderse sin más» de su condición de militantes del citado partido político. «(...) Tampoco se ha probado que interviniesen en ninguna reunión acordando las líneas maestras de su ejecución, ni que conocían los pormenores de la acción».

La Fiscalía, que les imputaba ser «inductores directos de un delito de detención ilegal», pedía para cada uno de los procesados 27 años de cárcel.

Sobre Silva, el tribuanl sostiene que ha incurrido en un «doble delito». Así, le condena por «detención ilegal y privación de libertad», y por «el hecho de no dar razón del paradero del secuestrado o no acreditar haberle dejado en libertad». A este respecto, señala que «a fecha de hoy se desconoce si fue puesto en libertad. Ni siquiera se conoce con exactitud si se encuentra con vida o si todavía está en poder de la banda terrorista GRAPO». E tribunal especial absuelve a Silva del delito de «estafa» por el que la acusación particular -ejercida por la esposa e hijas de Cordón- pedía seis años de prisión. Argumenta que esta petición se fundamenta en una hipótesis incierta, cual es la muerte del empresario, que, tal y como resalta en el fallo, no está acreditada.

La Audiencia, además, aprovecha la sentencia para vincular al PCE(r) con los GRAPO. Dice que «son la misma cosa» y para ello argumenta que tanto Pérez como Llaquet «mostraron un especial interés a lo largo de la causa en intentar justificar que los GRAPO y el PCE(r) son organizaciones distintas».

Añade que «tales manifestaciones se contradicen con la declaración de los hechos probados», haciéndose eco de una sentencia anterior del tribunal especial en la que indica que «ambas organizaciones se constituyen como una sola, formada por dos ramas, una política y otra militar, que defiende la lucha armada como vía para la consecución de sus objetivos».

«Peor que el viejo franquismo»

A través de un comunicado, la formación comunista denuncia que en el proceso judicial contra Silva y dos sus militantes «no había más pruebas que las afirmaciones de la Guardia Civil, según las cuáles nuestro partido dirige a los GRAPO y, en consecuencia, todas las acciones de estos últimos son imputables a nuestros dirigentes».

«Ya hemos batido los peores registros del histórico PCE en la posguerra, ninguno de cuyos militantes alcanzó tan largos período de condena. La conclusión, por tanto, es muy evidente; esta farsa de democracia es aún peor que el viejo franquismo de los peores tiempos», destaca. «Si los fascistas del PSOE o del PP creen que mediante la represión y la cárcel van a lograr que agachemos la cabeza están equivocados», insiste.