El estudio sobre la prostitución que presentó ayer Emakunde contempla la intervención de las administraciones para reducir en lo posible el consumo de esa actividad y garantizar los derechos de las prostitutas. El estudio plantea la necesidad de un cambio de mentalidad social ante ese complejo fenómeno. Ese cambio de mentalidad, en cualquier caso, debería tender principalmente a evitar cualquier tipo de estigmatización de las mujeres que ejercen la prostitución. En efecto, es deseable la desaparición de roles como el que Emakunde menciona en su informe, el cual considera a la mujer como objeto social. En ese sentido, sería conveniente poner en evidencia la hipocresía de ciertos sectores de la sociedad que señalan a las prostitutas cuando son consumidores habituales. Parece acertado el informe al constatar la necesidad de evitar la exclusión social de las mujeres y proponer medidas en el campo de la salud, el empleo, la vivienda, el asesoramiento legal... para garantizar sus derechos fundamentales. Ciertamente, la exclusión social de diferente índole es la principal causa de que muchas mujeres vean esa actividad como única salida vital. No obstante, los buenos deseos, como en tantas ocasiones, no se corresponden con las actuaciones de las instituciones, para las que la ayuda social no es una prioridad .