La cantidad que la Diputación de Gipuzkoa dejó de ingresar entre los años 1989 y 2004 por el fraude de la Hacienda de Irun supera los ocho millones de euros, más de un millón y medio de los cuales pudo haber ido a parar a manos de la presunta «trama» que puso en marcha esta estafa, según los datos aportados ayer por el diputado foral de Hacienda y Finanzas, Pello González (EA), en Juntas Generales.

Explicó que en la investigación desarrollada por su departamento han trabajado 18 funcionarios que han descubierto 51 nuevos expedientes, que han sido puestos a disposición judicial. Indicó que inicialmente se pensaba que la cantidad que dejó de ingresar la Hacienda foral era de 7.553.137 euros, aunque los 51 nuevos expedientes detectados ahora elevan esta cantidad hasta los 8.125.106 euros.

La investigación dará un nuevo paso hoy con la comparecencia ante la comisión de las JJGG que investigan las posibles responsabilidades políticas de la funcionaria foral Pilar Gracenea, una de las imputadas en el caso. El principal acusado, José María Bravo, ha anunciado que no acudirá.