Conformada por un buen número de vecinos de municipios como Muskiz, Abanto y Ortuella, portavoces de la Coordinadora anti-Coke señalaron en la presentación pública de ayer que les une «el rechazo al proyecto» de Petronor, que pretende constuir una planta de coque, el residuo que obtiene por eliminación de las materias volátiles del petróleo.

En este caso, junto a los hornos y almacenes, la planta que se prevé levantar en el barrio de San Julián, a cien metros de viviendas, se asocia a una unidad de generación de energía.

La Coordinadora anti-Coke se hizo ayer eco de «la preocupación» que se nota en la ciudadanía ante la perspectiva de este nuevo proyecto, en un entorno ya muy castigado por la actividad industrial, «por sus palpables repercusiones medioambientales y en la salud de los vecinos». También constató esta coordinadora que tras el desmantelamiento de los tanques en las marismas de Muskiz «y la presentación de la reordenación de los terrenos, Petronor ha empezado a construir, por fases».

En cuanto a mañana, sábado, esperan amplia participación en la marcha que partirá de San Julián, a las 10.30 para llegar al Ayuntamiento, donde se concentrarán con carácter previo al inicio de un pleno en el que defenderán una moción que pide a la Corporación mostrar «su rechazo a la construcción de la planta, en base a su perjuicio a la salud de vecinos de la comarca». El texto busca, además, la «complicidad» del Ayuntamiento de Muskiz, con alcaldía de EA y el PSE también en labores de gobierno, e instarán a la Corporación «a no conceder licencias de obra o activididad, directa o indirectamente relacionadas con la planta». En caso de los permisos ya concedidos, se pide revocarlos.

La Coordinadora tiene muy claro que «Petronor mira por su cuenta de resultados, pero nosotros lo hacemos por los intereses medioambientales de la comarca, muy deteriorada, y la calidad de vida de sus habitantes».

En la línea de la moción aprobada recientemente en el vecino Abanto, donde gobierna, el PNV defenderá mañana en Muskiz un texto que plantea para el Ayuntamiento el papel de «canalizador» de solicitudes vecinales, y lejos de rechazar la planta, propone estudios técnicos y epidemiológicos, así como la instalación de una oficina de atención a la ciudadanía.