El lehendakari compareció al frente de los consejeros de su gobierno para declarar, con la solemnidad que precisa la gravedad del momento, que se ha quebrado el «pacto de convivencia» suscrito al inicio de la llamada transición democrática española. Juan José Ibarretxe se pronunciaba a raíz de la condena a inhabilitación y multa al ex presidente del Parlamento de Gasteiz, Juan Maria Atutxa, y a sus compañeros de Mesa, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, acusados de «desobediencia» por no aplicar la orden dada por el Tribunal Supremo español de que se ejecutara de disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak.

La decisión del Supremo tiene, sin duda, una gran importancia, ya que golpea en la línea de flotación del buque autonómico que inició su singladura al amparo de la Constitución de 1978. No es aventurado afirmar que, con esta utilización expansiva de la política de ilegalización que ha llevado a la cárcel a la dirección de Batasuna, el Alto Tribunal lanza un mensaje del todo claro sobre el principio de autoridad o, si se prefiere, sobre el carácter subsidiario del modelo institucional dibujado en el Estatuto de Gernika.

En todo caso, la vía del lehendakari de levantar acta de la vulneración de ese «pacto de convivencia», que nunca gozó del respaldo unánime de la ciudadanía vasca y que se ha demostrado inútil para responder a las aspiraciones de emancipación nacional en el origen del conflicto político, resultará del todo estéril si se limita a un lamento puntual. Primeramente, porque lo ocurrido con la Mesa del Parlamento es un eslabón avanzado, pero un eslabón más, de la limitación política acordada con pactos como el aludido por el lehendakari, y que alcanza su paroxismo con la Ley de Partidos. Y, en segundo lugar, porque la constatación de que «se han roto las reglas» está ampliamente superada por la sucesión de ataques que anteceden y que sucederán a la condena del TS. Las «líneas rojas» son nítidas desde hace tiempo y lo que se impone es que los partidos que comparten el mayoritario rechazo ciudadano al actual estado de excepción establezcan sin demora los acuerdos que pongan las bases a un cambio político real hacia un sistema democrático en el que los vascos y vascas puedan decidir su futuro.