El lehendakari compareci� al frente de los consejeros de su gobierno para declarar, con la solemnidad que precisa la gravedad del momento, que se ha quebrado el �pacto de convivencia� suscrito al inicio de la llamada transici�n democr�tica espa�ola. Juan Jos� Ibarretxe se pronunciaba a ra�z de la condena a inhabilitaci�n y multa al ex presidente del Parlamento de Gasteiz, Juan Maria Atutxa, y a sus compa�eros de Mesa, Kontxi Bilbao y Gorka Kn�rr, acusados de �desobediencia� por no aplicar la orden dada por el Tribunal Supremo espa�ol de que se ejecutara de disoluci�n del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak.

La decisi�n del Supremo tiene, sin duda, una gran importancia, ya que golpea en la l�nea de flotaci�n del buque auton�mico que inici� su singladura al amparo de la Constituci�n de 1978. No es aventurado afirmar que, con esta utilizaci�n expansiva de la pol�tica de ilegalizaci�n que ha llevado a la c�rcel a la direcci�n de Batasuna, el Alto Tribunal lanza un mensaje del todo claro sobre el principio de autoridad o, si se prefiere, sobre el car�cter subsidiario del modelo institucional dibujado en el Estatuto de Gernika.

En todo caso, la v�a del lehendakari de levantar acta de la vulneraci�n de ese �pacto de convivencia�, que nunca goz� del respaldo un�nime de la ciudadan�a vasca y que se ha demostrado in�til para responder a las aspiraciones de emancipaci�n nacional en el origen del conflicto pol�tico, resultar� del todo est�ril si se limita a un lamento puntual. Primeramente, porque lo ocurrido con la Mesa del Parlamento es un eslab�n avanzado, pero un eslab�n m�s, de la limitaci�n pol�tica acordada con pactos como el aludido por el lehendakari, y que alcanza su paroxismo con la Ley de Partidos. Y, en segundo lugar, porque la constataci�n de que �se han roto las reglas� est� ampliamente superada por la sucesi�n de ataques que anteceden y que suceder�n a la condena del TS. Las �l�neas rojas� son n�tidas desde hace tiempo y lo que se impone es que los partidos que comparten el mayoritario rechazo ciudadano al actual estado de excepci�n establezcan sin demora los acuerdos que pongan las bases a un cambio pol�tico real hacia un sistema democr�tico en el que los vascos y vascas puedan decidir su futuro.