Kepa PETRALANDA

Sin dejar de ser insólita, por el carácter de la protesta, la citación no hace sino evocar la situación de muchas personas acostumbradas a participar en causas relacionadas con la defensa de derechos sociales o políticos, que se encuentran con la obligación de tener que responder ante los tribunales. Cuatro vecinos de Gasteiz deberán presentarse mañana ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Gasteiz, como consecuencia de haber reclamado el derecho a la vivienda durante un sorteo celebrado a instancias del Ayuntamiento de Gasteiz el 7 de setiembre de 2007, en el frontón de Mendizorrotza.

La crónica de lo acontecido aquel día se refiere a Elkartzen, Eguzki y Bilgune Feminista, colectivos que se concentraron frente al recinto en que se estaba realizando el sorteo. Durante el mismo, «mostraron carteles y repartieron octavillas en el interior del frontón», añade la hemeroteca.

Carlos Martinez de Morentin, que junto a Izaskun Fernández de Labastida, Iker Ziriza e Iván Martinez de Albeniz, deberá comparecer mañana en el juzgado, explica que aquel día «mostramos carteles entre el público que asistió al sorteo y tocamos algún silbato para atraer la atención, pero en ningún momento hubo problemas de orden público. Nos retiraron los carteles y la Policía Municipal nos identificó, pero fue una protesta pacífica y, de hecho, el sorteo siguió su curso». Los cuatro son integrantes de Elkartzen, colectivo surgido en el año 2000 con el objetivo de que «sean reconocidos los derechos sociales básicos para todas las personas que viven en Euskal Herria», entre ellos, el de la vivienda.

Durante los mandatos del PP se habían producido similares situaciones, bien en el caso de pisos sorteados por el Ejecutivo de Lakua, bien para el reparto de pisos municipales, pero nunca se habían dictado órdenes para juzgar este tipo de acciones, hasta que el PSE ha llegado al Gobierno municipal.

«No les gustaron»

«Stop al urbanismo salvaje», «Uso de la vivienda vacía ya» o «Tope a los precios de los alquileres» fueron algunos de los textos exhibidos en el frontón, peticiones que «no les gustaron», valoran las personas citadas. Las notificaciones para el juicio oral por faltas les llegaron a mediados del pasado diciembre. «Consideramos que se criminaliza, no sólo ya a organizaciones políticas, sino todo tipo de protesta que ponga en duda este sistema. Mientras hay quien se lucra y se llena los bolsillos con la vivienda, a quienes protestamos por garantizar este derecho se nos juzga por malhechores. Pero creemos que es una situación generalizada de criminalizar y acallar toda protesta social contra el sistema; a quien no está con el sistema, se le mete caña» resume uno de los notificados.

También consideran «significativo» el hecho de que «la socialdemocracia le haga el trabajo sucio a la `derechona'. Ya se encargaron de acabar los procesos liberalizadores y ahora, en lugar de criminalizar a quienes hacen pufos, a las promotoras e inmobiliarias, a quienes hacen los chanchullos, van a por nosotros y a por el movimiento okupa».

En esta misma línea, el mismo día 7 de setiembre, quienes se concentraron en el exterior del frontón criticaron que el Gobierno municipal del PSE está «plagiando» la política desarrollada por el PP en esta materia, y acusaron al equipo liderado por Patxi Lazcoz de estar «dispuesto a seguir impulsando la especulación, mientras juega a los números premiados con nuestras necesidades y apoya el urbanismos salvaje». También adelantaron que la Corporación iba a «continuar invisibilizando a los y las de siempre y seguirán sorteando un derecho cuyas reglas de juego dejan incluso fuera del bombo a las personas más necesitadas».

En protesta por este juicio, se ha convocado una concentración mañana, a las 10.00, ante los Juzgados de Gasteiz.