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Los vecinos emplazan a Iñaki Azkuna a que negocie con Funeraria Bilbaína

Los vecinos del entorno del tanatorio de Funeraria Bilbaína van a remitir una carta al alcalde, Iñaki Azkuna, en la que le emplazan a negociar con la empresa de pompas fúnebres para evitar que instale un horno crematorio de cadáveres en pleno centro de la villa. Los afectados aseguran que «está en manos del alcalde» la solución a este asunto. La compañía mortuoria insiste en su intención de ubicar el horno tras la última sentencia del TSJPV.

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Agustín GOIKOETXEA |

La comisión ciudadana que se opone a la instalación de un crematorio en el tanatorio que Funeraria Bilbaína poseé en la Avenida Zumalakarregi, a escasos metros de la casa consistorial, cree que, «dada la envergadura del problema», el alcalde debe de tomar cartas en el asunto para tratar de conseguir que el horno no se ponga en marcha. Tras la sentencia del TSJPV que rechaza los argumentos del Ayuntamiento para denegar las licencias de actividad y obras, la empresa mortuoria ya ha anunciado que construirá la polémica infraestructura.

Los afectados consideran que «con voluntad política» se puede buscar otra ubicación para el crematorio, cuyas emisiones afectarán a unas 50.000 personas, según sus estimaciones. A pesar de que Funeraria Bilbaína sostine que respetarán todas las normativas sanitarias y medioambientales, no ocultan su temor por las consecuencias sobre la salud de los residentes.

Quien valoró ayer el fallo de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) fue la delegada de Urbanismo y Medio Ambiente del Consistorio bilbaino. Julia Madrazo no ocultó su «decepción» por la resolución judicial, en la que no se acepta que el Ayuntamiento rechace otorgar las licencias en aplicación de un decreto de 1974 sobre Policía Sanitaria Mortuoria que establece que los cementerios de nueva construcción tiene que guardar una distancia mínima de 500 metros respecto a zonas residenciales.

La edil de Ezker Batua manifestó que el tribunal ha entendido que los 500 metros entre horno y las viviendas que se establece en la ordenanza municipal «no operaban porque no asimila tanatorio con crematorio».

Madrazo aseguró que su intención en todo este proceso, que se inició en 2004, ha sido responder a las demandas vecinales, defendiendo «los intereses ciudadanos no sólo en Zumalakarregi, sino en todo Bilbao». «Hemos puesto todo lo que hemos podido», subrayó, antes de añadir que se niega a negociar con Funeraria Bilbaina para evitar que ponga en marcha el crematorio. «No es nuestro estilo», apostilló.

La corporativa explicó que sus esfuerzos van a ir orientados a vigilar que el crematorio cumpla escrupulosamente con las medidas correctoras establecidas para el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas para minimizar la afección a los vecinos. «Las aplicaremos con rigor», declaró Julia Madrazo, refiriéndose a los controles que pretende establecer sobre los niveles de emisiones a la atmósfera y otros concernientes al funcionamiento del horno para incinerar cadáveres.

Las intenciones de la responsable municipal no contentan a los afectados. «A quién quiere engañar Julia Madrazo con el control de las emisiones, si la estación de control de aire más cercana, que depende del Gobierno Vasco, está en Mazarredo, al lado del Guggenheim. Cómo piensa controlar las del crematorio», denunciaron portavoces de la comisión.

Los vecinos están muy molestos por la actitud de Madrazo, a quien acusan de no haberse implicado lo suficiente para evitar tener ahora una sentencia firme, que no se puede recurrir en ningún tribunal superior.

Aunque la concejal de EB habló ayer de que el lunes informó a los afectados de la resolución judicial, éstos venían desde hace algo más de una semana solicitándole información y accedieron por sus medios de la sentencia, que GARA adelantó el sábado. Julia Madrazo afirmó ayer que si desean una reunión para tratar acerca de la situación que se crea tras el fallo del TSJPV la tendrán. Los vecinos parecen inclinarse por la implicación del alcalde Iñaki Azkuna.

Movilizaciones

La comisión vecinal no descarta iniciar a partir de febrero una campaña de movilizaciones si los responsables del Consistorio bilbaino, principalmente el alcalde, no se implican para evitar la puesta en marcha del crematorio.

Antecedentes

El alcalde jeltzale Josu Ortuondo evitó en 1998 una demanda judicial de Funeraria Bilbaína al Ayuntamiento cediendo el solar donde se emplaza el tanatorio de Zumalakarregi y dándole cerca de 1,5 millones de euros.

El TSJPV debe resolver sobre la modificación del Plan General

Ayuntamiento de Bilbo y Funeraria Bilbaína están pendientes de que el TSJPV resuelva acerca del recurso presentado por la empresa de pompas fúnebres contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que estableció a partir de abril de 2005 una distancia mínima de 500 metros a las viviendas para la instalación de hornos crematorios de cadáveres.

Los argumentos esgrimidos por los magistrados en la sentencia que permite a la compañía mortuoria abrir su horno en la Avenida Zumalakarregi no son nada halagüeños para aquellos que se oponen a que esta clase de infraestructuras molestas y peligrosas estén en el casco urbano de las ciudades.

En caso de que el TSJPV falle a favor de la funeraria, otras empresas podrían optar a la apertura de hornos en pleno centro de la villa. Es el caso del tanatorio de Servisa, emplazado aún más cerca de la casa consistorial bilbaina que el de Zumalakarregi. Los vecinos de Uribarri ya denunciaron que sus promotores habían adaptado el sótano del edificio de Estrada de San Agustín número 5 para colocar allí el crematorio cuando la reglamentación lo permita.

La última resolución judicial no hace sino acrecentar la «indefensión» de los afectados que recuerdan que se enfrentan «con pocos recursos» a importante empresas con grandes beneficios y apoyos. La comisión ciudadana estima que el TSJPV, al aceptar el recurso, «sólo ha tenido en cuenta que Funeraria Bilbaína hará negocio con la muerte». Por ello, reclaman a las autoridades municipales que les defiendan para preservar su derecho a la salud. A.G.

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