El archipiélago indonesio se ha visto sacudido estos diez últimos años por acontecimientos de gran calado. En 1997-8 vio como sus bosques ardían, su moneda se hundía y el dictador dimitía. Entre 1999 y 2000 tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas, el referéndum por el que Timor Lorosa rechazaba la ocupación indonesia, y la presidencia del país volvía a cambiar de manos. En los dos próximos años, el presidente es acusado de corrupción, y los ataques islamistas en Bali se cobran la vida de más de doscientas personas. Entre 2003-4 éstos lanzaran nuevos ataques en Yakarta, mientras que la población acude a las urnas tres veces, y en diciembre del 2004, tras un terremoto, un tsunami arrasa el noroeste de Sumatra. Y más recientemente la fiebre aviar también afecta al archipiélago.

Indonesia ha atravesado un período en el que el capital ha huido, la economía sigue atrasada, la corrupción es generalizada. Además, encontramos continuas protestas políticas, violencia comunal, movimientos secesionistas, todo ello junto a cambios constitucionales, intentos de descentralización y cinco presidentes en siete años y un sinfín de maquinaciones políticas entre las elites.

De cara a las presidenciales de 2009, grandes son los retos: necesidad de una mayor inversión extranjera, desarrollo de las infraestructuras, una reforma del sistema burocrático y poner fin a los altos índices de corrupción. Sin ello, Indonesia verá limitado su progreso.

Uno de los aspectos claves en estas reformas y dentro de la llamada «transición política» tiene como objetivo al estamento militar. La institución más influyente del país, ha jugado en las ultimas décadas un papel clave y preservando «la unidad territorial del estado». Unas fuerzas armadas creadas y mantenidas para mantener la seguridad interna y enfrentarse a los movimientos separatistas, y no para defenderse de un ataque exterior. Su papel sociopolítico se incrementó bajo el llamado Nuevo Orden de Suharto, que permitió que los militares ocupasen puestos políticos, diplomáticos y en otros ámbitos de la burocracia estatal. Al tiempo que se hacían con importantes puestos en las empresas de los diferentes sectores económicos. Se calcula que en los años noventa, más de catorce mil militares estaban en puestos ajenos a la estructura militar.

Se pretende acabar con la dwifungsi, esa función dual. Y para ello se propone aumentar considerablemente el gasto militar, para buscar «un ejército moderno y profesionalizado». O «para mantenerles contentos».

Tras la independencia de Timor Lorosa, Aceh quiere seguir sus pasos. Unas negociaciones entre el movimiento guerrillero del GAM y el gobierno central dieron paso a un proceso que abre las puertas al pueblo de Aceh para decidir su futuro en libertad. Y algo similar ocurre en Papua, aunque en este caso la postura de Yakarta no permite de momento entrever un proceso similar. Por ello el movimiento independentista, con el OPM al frente, continúa defendiendo el derecho a ejercer su libre determinación. Para un país altamente centralizado, las opciones independentistas siempre han sido el objeto de la represión de un ejército dispuesto a cometer atrocidades y crímenes contra la humanidad en defensa de la «sacrosanta unidad de la patria».

Otro aspecto a destacar es la utilización de elementos del ejército en los conflictos comunales e interétnicos (cristianos y musulmanes en Poso o en Molucas, así como entre Dyaks y Madureses en Kalimantan), potenciando la aparición de grupos paramilitaress. Algo similar ocurre en algunos casos con el islamismo más radicalizado.

Indonesia es un país musulmán, aunque la mayoría de la población practica un Islam de corte moderado. Un ejemplo lo encontramos en el PKS Partido de la Justicia, que aumentó su representación en las elecciones parlamentarias de 2004 (pasó de 7 a 45 escaños). No obstante, la radicalización de algunos grupos minoritarios islamistas ha centrado la atención informativa occidental, confundiendo aquél con otros grupos como Lashkar Jihad (activo en los conflictos comunales) o Jemaaah Islamiya (con una agenda local amparada en el paraguas ideológico de al Qaeda).Algunos militares opuestos a las reformas no han dudado en utilizar estos grupos para buscar una mayor desestabilización que justificaría una posterior intervención del ejército, «garante de la estabilidad del país».

Las presiones de estas organizaciones se perciben en diversos frentes, desde los que actúan contra instituciones o empresas acusadas de colaborar o representar los valores occidentales, pasando por los que presionan para establecer la Sharia, hasta los pesantren o escuelas islámicas, que propagan ideologías islamistas radicalizadas que están llegando a la universidad.

Finalmente, si históricamente EEUU ha tenido a Indonesia como un fiel aliado a través de los sangrientos años de Suharto, más recientemente, se percibe en Washington el valor de Indonesia en la «guerra contra el terror» y al mismo tiempo la importancia «geopolítica y estratégica» del país asiático.

Con su muerte, Suharto ha escapado a un juicio por las masacres de 1965-68 (cientos de miles de muertos), por la ocupación de Timor (acabó con un cuarto de la población), por la creación de escuadrones de la muerte (sólo en seis meses de 1983 más de 300 muertos), por las operaciones militares en Aceh y Papua (miles de muertos), por la corrupción y la apropiación de las riquezas del país...

Cuando en mayo de 1998 dimitió, algunos se apresuraron a presentarlo como un triunfo de las protestas populares y una apuesta por «la democratización» del país. Pero su renuncia bien pudo deberse también a un acuerdo tácito, por el que sus bienes y los de su familia no serían «tocados» y el imperio familiar de los Suharto seguiría adelante. Los seguidores del dictador, tras la renuncia de éste, han continuado dentro del gobierno, dentro del parlamento, de la judicatura y de los negocios. No son tan poderosos como en el pasado, pero todavía están presentes.

El caso de su hijo, Tommy, es un ejemplo. Condenado a quince años de prisión por ordenar la muerte de un juez de la Corte Suprema, tan sólo ha cumplido un tercio. La familia Suharto sigue controlando hoteles, los peajes de carreteras, compañías aéreas y cadenas de televisión. Diez años después de su dimisión, los asociados a Suharto en el mundo empresarial y político continúan en posiciones influyentes y la sombra alargada de su poder sigue viva en forma de fundaciones caritativas que ha creado.

El ejemplo indonesio nos muestra una vez más cómo los dictadores más sangrientos del mundo pueden gozar de un retiro de oro si han sido durante su mandato «un fiel aliado de Estados Unidos» o de alguna otra potencia colonial aliada.