La edil de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo, junto al director del área, Agustín Arzua, y el jefe de la Asesoría Jurídica, Gonzalo Ruiz de Aizpuru, compareció ayer para defender la actuación del Consistorio bilbaino en el proceso seguido en el TSJPV sobre la legalidad del crematorio de la Avenida Zumalakarregi número 10. Una sentencia, no recurrible, ha resuelto que Funeraria Bilbaína puede instalarlo.

Ruiz de Aizpuru salió al paso de las críticas vecinales que les acusan de negligencia en la defensa, apuntando que «se ha tergiversado una frase de estilo» que se repite «prácticamente en todas las sentencias» de apelación, en la que se indica que «el Ayuntamiento no solicitó recibimiento a prueba».

«Entiendo que quizá ha habido desconocimiento por parte de los vecinos», declaró el letrado municipal, y «se ha sacado de contexto una frase». Julia Madrazo calificó de «correcto e impecable» su trabajo.

Ruiz de Aizpuru justificó que no hubiese solicitado al tribunal la práctica de prueba, al ser algo «excepcional», de tal forma que aseguró que sólo pueden realizarse si «hubieran sido indebidamente denegadas o no hubieran podido practicarse en pri- mera instancia». Esta valoración no es compartida por la comisión ciudadana, que insiste en que los abogados del Ayuntamiento «podían haber hecho un esfuerzo para ganar el pleito».

El director manifestó que el fallo «no se basa en ninguna alegación o prueba que no haya sido cuestionada por la defensa municipal», sino en la «aplicación pura y simple del criterio sostenido por la misma Sala» en otro asunto similar en Elgoibar, «al considerar que la limitación de distancia no es de aplicación a un crematorio».

Mientras el departamento que dirige la edil de Ezker Batua y los abogados municipales trataban de defenderse, desde la comisión subrayaron que «aunque se ha cometido una aberración jurídica por parte del TSJPV, aún estamos a tiempo de que no se cometa una física construyendo el crematorio».

Así, la plataforma instó al alcalde, que no se ha pronunciado sobre la sentencia, a que negocie con Funeraria Bilbaína un emplazamiento para la polémica infraestructura mortuoria fuera del casco urbano. Le recuerdan a Iñaki Azkuna que en 1998 su antecesor, Josu Ortuondo, dialogó con esta compañía para que no abrieran un tanatorio con crematorio en Begoña. «No es admisible la prevalencia del interés económico de una empresa con ánimo de lucro respecto a la salud de miles de ciudadanos», se afirma en la misiva que ayer llegó a manos del alcalde jeltzale.