El diálogo entre el Gobierno boliviano y los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba quedó virtualmente roto entre mutuas acusaciones de intolerancia.

El desenlace se veía venir después de que el Gobierno ratificara su intención de empezar a pagar la pensión a 852.361 personas mayores, a cargo del recorte de los ingresos regionales por los impuestos del gas, a lo que se oponen los funcionarios opositores de los citados departamentos.

Aunque ni el Ejecutivo ni los prefectos hablaron de ruptura, cada parte ratificó sus posiciones innegociables.

El diálogo, hasta ahora infructuoso, arrancó el 7 de enero para zanjar la crisis provocada por los fuertes enfrentamientos que venían sosteniendo.