El Tribunal Supremo español optó ayer por guardar un poco las apariencias y evitar más atajos en la operación para tratar de dejar al independentismo fuera del terreno político-electoral. Estamos ante una decisión más formal que otra cosa, en la que seguramente se han tenido más en cuenta factores a futuro -como eventuales amonestaciones de tribunales de rango superior- que otro tipo de consideraciones. De ahí a considerar que con esa decisión se añade un plus de garantías al proceso en marcha hay un trecho demasiado grande.

El Gobierno español ya aclaró ayer que no ve obstáculo alguno para adoptar medidas cautelares contra las formaciones abertzales. Es decir, que juzga del todo natural que se aplique el castigo antes mismo de que se produzca un pronunciamiento judicial en firme. Cabe inferir, por tanto, que eso es lo que ocurrirá a partir de la vista previa acordada ayer por la Sala del 61, la cual se suma a las otras comparecencias previstas en el proceso penal que sigue Baltasar Garzón.

En las últimas fechas se ha instalado un análisis que en democracia debería ser simplemente terrible. A derecha y a izquierda se firma ya lo que ocurrirá, lo que demuestra en sí mismo que para tratar de acorralar al independentismo vasco los distintos poderes del Estado español han asumido la voladura de valores fundamentales en un modelo democrático, dejando de paso al desnudo dos aspectos fundamentales: el primero de ellos es su apego sólo formal a los valores del Estado de Derecho, y el segundo su impotencia para dar una solución duradera a una cuestión política, la vasca, que condiciona desde hace treinta años la vida pública española.

La febril actividad de los tribunales especiales españoles asienta una sensación de déjà vu. Sin embargo, tal percepción, lejos de abocar a la idea de que «poco se puede hacer», debería dinamizar la reflexión en un país que soporta la enésima vulneración de derechos. Ni siquiera los pesados silencios de los defensores de «nuestras instituciones» deberían ser excusa para descartar esa acción necesaria de irrigar cada poro de piel de Euskal Herria con la reflexión de que estamos ante una injusticia, pero sobre todo ante una injusticia inútil. La derrota anticipada de la ilegalización se sustenta en el dinamismo social, y en particular en el de los sectores más comprometidos con el cambio político en marcha.