El correcto funcionamiento de un estado democrático, que se dice respetuoso con los derechos humanos y que ha firmado todos los convenios internacionales para prevenir los abusos sobre personas detenidas, aconsejaría que la maquinaria judicial, tan engrasada en otros casos, actuara con diligencia cada vez que se produce una denuncia de malos tratos en centros de detención.

Sin embargo, la citación por el Juzgado de primera instancia de Donostia que investiga la denuncia de torturas de Igor Portu (y también de Mattin Sarasola) de los ocho guardias civiles que participaron en la detención, traslado y custodia del lesakarra adquiere un aire de acto excepcional, por poco repetido.

De hecho, sin hacer un análisis de archivo muy exhaustivo, se puede comprobar que el número de comparecencias judiciales no guarda relación con el número de denuncias presentadas, ya que, en la mayoría de los casos, el primer y único trámite que se sigue en los tribunales es el del archivo de las diligencias.

Así ocurrió con denuncias de torturas que provocaron tanta repercusión social como las de Unai Romano e Iratxe Sorzabal. En ambos casos, al relato de estas personas se sumaban las imágenes que dejaban poco espacio a la duda sobre el trato recibido. En el caso de Portu existe un informe médico que, seguramente, ha tenido un peso fundamental en la decisión del juez de citar en calidad de imputados a los ocho militares.

Innumerables casos prueban que en el Estado español no se persigue una práctica tan aborrecible como la tortura. En este Día contra la Tortura en Euskal Herria, que no figura en la agenda de los medios españoles que denuncian Guantánamo, cabe preguntarse si el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, tribunal que basa su acción investigadora en las detenciones incomunicadas, mantiene la opinión que expresara cuando ejercía en Donostia. Entonces Javier Zaragoza decía que «basta que esto ocurra un sola vez en un proceso que se está investigando para que se descalifique en su totalidad».