La de ayer fue, efectivamente, una imagen inédita en ocho años. Los máximos responsables de la política lingüística de los gobiernos de Lakua e Iruñea juntos. Bajo mandato del consejero Pegenaute se rompieron, en 2000, los puentes de comunicación. Ahora, en palabras de la consejera Azkarate, se trataría de olvidar ese pasado y centrarse en el presente y en el futuro. El encuentro en Gasteiz sucede a la firma de acuerdos de colaboración establecidos por Lakua con la Oficina Pública del Euskara, en Ipar Euskal Herria. La pregunta es si esa relación institucional, sin duda necesaria, o los convenios de apoyo económico contribuyen en sí mismos a la normalización de una lengua minorizada, que no es oficial en todos los territorios vascos y que allá donde sí lo es no merece un tratamiento preferencial por parte de las administraciones concernidas. Desde Kontseilua se ha censurado en repetidas ocasiones que la EEP no lleva a cabo una política consecuente con las necesidades más apremiantes del euskara en Zuberoa, Nafarroa Beherea y Lapurdi, es decir, que no orienta su política a dotar de un estatus jurídico al euskara. El consejero Pérez-Nievas parece dispuesto a retocar los aspectos más estridentes de la normativa en Nafarroa. Bien estará si se hace bien, pero sólo la oficialidad puede garantizar de manera estable los derechos de los euskaldunes.