La carta enviada por Kepa Pikabea y José Luis Álvarez Santacristina a los integrantes del Colectivo de Presos Políticos Vas- cos (EPPK), fechada en la cárcel de Logroño en noviembre de 2007, comienza anunciando una decisión «profundamente analizada durante largo tiempo: hemos resuelto desvincularnos de la estructura y disciplina del Colectivo», aunque «manteniendo nuestro carácter de presos políticos vascos, siendo leales a nuestro pueblo». Como consecuencia, prosiguen, en el futuro «no seguiremos las normas de funcionamiento e iniciativas del Colectivo. Desarrollaremos nuestro propio camino».

El contenido de esta misiva lo dieron a conocer ayer los diarios del Grupo Noticias y «Deia», que la reproducían en su integridad. Su publicación se produce cinco días después del comunicado en el que EPPK analizaba la situación política actual. Un escrito que venía acompañado de un anexo en el que informaba de su decisión de expulsar a Álvarez Santacristina y Pikabea porque «se han sumado a la estrategia emprendida por el Gobier- no de España para dividir el Colectivo». Concretamente, les acusaba de haber mantenido «encuentros privados» en la prisión de Logroño con el asesor de la Oficina para la Atención de Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Lakua, Txema Urkijo.

El Colectivo no dudaba en enmarcar esas reuniones en «la política penitenciaria represiva del Gobierno de España» y preguntaba a sus dos ex integrantes «hasta dónde están dispuestos a llegar con esas artimañas que no tienen otro objetivo que quebrar la lucha de liberación de Euskal Herria». Además, destacaba que con anterioridad ya han existido «intentos de ese tipo para abrir la vía del arrepentimiento y la traición» en el seno de EPPK.

«La opinión» del Colectivo

Álvarez Santacristina y Pikabea resumen en la siguiente frase las razones de su desvinculación del Colectivo: «No estamos en absoluto de acuerdo con la estrategia político armada que se ha impuesto de nuevo, porque hace mucho que creemos que ninguna estrategia armada puede servir para ofrecer una salida sensata al conflicto político que vive Euskal Herria».

Añaden que, hace ya años, llegaron a esa conclusión en base a «firmes criterios políticos, sociales y éticos, tal como explicamos hace diez años en el escrito `Abertzaleon estrategiaz'».

Se refieren en ese punto a «los últimos fallidos procesos de paz». Al margen de «los errores» cometidos «por unos y otros» a la hora de no poder alcanzar la resolución del contencioso, ambos presos consideran que «lo que se está cuestionando desde hace tiempo dentro de la política vasca abertzale es la idoneidad y la legitimidad de la lucha armada, teniendo en cuenta la voluntad de nuestro pueblo y viendo las muchas y terribles tragedias que ha acarreado».

En ese sentido, reprochan a ETA que «no haya tenido en cuenta la situación y la opinión de la mayoría de los presos» al adoptar una «decisión tan grave» como la de dar por roto el último alto el fuego.

En referencia a la actividad armada de ETA, creen que resulta inútil porque «no se puede decir que ha resultado provechosa en el camino de liberar Euskal Herria». A su juicio, es hora de «apostar por una estrategia política que respete todos los derechos humanos», en un momento en el que «los poderes del Es- tado español están rentabilizando el conflicto armado» y «grandes referentes de la izquierda abertzale están reivindicando la necesidad de humanizar el conflicto y situarlo en parámetros puramente políticos».

Concluyen que la lucha armada es «un obstáculo» para la unidad abertzale y apuntan que «si se reivindica que hay que darle la palabra al pueblo, cuando la da hay que respetarla».