94 municipios navarros defienden su patrimonio frente a la Iglesia católica
La defensa del patrimonio público frente al afán privatizador de la Iglesia católica lleva camino de convertirse en un hito histórico en Nafarroa. De momento, ya son 94 los ayuntamientos y concejos que han adquirido formalmente este compromiso.
Iñaki VIGOR |
Cuando Altaffaylla Kultur Taldea reveló hace casi un año que la Diócesis de Iruñea estaba privatizando las iglesias, ermitas y otros bienes patrimoniales públicos, afirmó que se trataba del mayor expolio realizado a Nafarroa desde su conquista militar hace cinco siglos. Aquella afirmación fue calificada por algunos de «exagerada», pero el eco que este tema ha encontrado en los pueblos navarros parece confirmar aquella advertencia. De hecho, ya son 94 los ayuntamientos y concejos de Nafarroa que han adoptado acuerdos plenarios mediante los que se adhieren a la instancia impulsada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, comprometiéndose de esta forma a defender sus bienes públicos frente a la jerarquía católica.
Fuentes de esta Plataforma han informado de que todavía hay muchos alcaldes, la mayoría de ellos de ideología derechista, que se están negando a llevar este asunto a los plenos municipales. «Con esta actitud, están eludiendo la responsabilidad que tienen de defender el patrimonio del pueblo», manifestaron las mismas fuentes.
Cuestiones pendientes
El asunto ha adquirido tal repercusión que va a ser abordado por el Parlamento. No obstante, antes de que sea debatida una propuesta para que la Cámara navarra se comprometa también en la defensa de este patrimonio público, la Plataforma ha solicitado a varios grupos políticos que los servicios del Parlamento aclaren diversas cuestiones para facilitar el posterior debate plenario.
En concreto, pide información sobre todas las escrituraciones que ha realizado la Diócesis en Nafarroa desde el año 1998 y sobre la posible inconstitucionalidad de estas inscripciones, tal como sostienen algunas sentencias del Tribunal Supremo.
También solicita información sobre los derechos históricos que los pueblos pueden tener sobre los bienes inmuebles y muebles privatizados por la Iglesia y sobre las «obligaciones» que el propio Parlamento pueda tener en la defensa de este patrimonio.
Además, desea saber la situación en que quedan las iglesias, ermitas y otros bienes de muchos pueblos que han quedado abandonados y que ahora están bajo administración del Gobierno de Nafarroa.
Otro aspecto muy importante que quiere conocer la Plataforma es el económico. En concreto, qué partidas han destinado en los últimos años las instituciones navarras para reparar y mantener todo tipo de bienes muebles e inmuebles patrimoniales, así como las compras, cesiones, permutas, compromisos, etc. que el Gobierno de Nafarroa ha realizado con la jerarquía de la Iglesia católica en este mismo periodo.
La comisión de alcaldes para la defensa del patrimonio ha reclamado en el Parlamento información acerca de los derechos históricos de los pueblos sobre los bienes muebles e inmuebles
Todavía hay muchos alcaldes que se están negando a llevar este asunto a sus respectivos plenos municipales, a pesar de que una de las obligaciones de los ayuntamientos es defender el patrimonio público
El actual arzobispo de Iruñea, Francisco Pérez González, se niega a recibir a la comisión de alcaldes navarros encargada de realizar gestiones en diversos ámbitos institucionales sobre la situación del patrimonio público apropiado por la jerarquía eclesiástica. «Le hicimos la petición de forma oral y se negó a recibirnos. Dice que no tiene tiempo. Ahora le hemos hecho la petición por escrito. Lo que nosotros queremos saber es si en este asunto mantiene la misma actitud que su antecesor, Fernando Sebastián». Así lo declaró ayer a este periódico el alcalde de Uharte, Javier Bazterra (EA), quien desea mantener personalmente esa reunión con el arzobispo antes de encargar a los abogados que inicien pleitos en los tribunales para defender este patrimonio también en el ámbito jurídico.
Por otro lado, y como presidente de dicha comisión de alcaldes, Javier Bazterra considera «muy importante» el hecho de que fuentes de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) hayan prometido apoyo económico si se demuestra que existe una base legal para reclamar a la Iglesia católica la devolución de los bienes públicos que ha escriturado a su nombre.
