El derecho a voto está considerado como el basamento de nuestra sociedad. Ya lo era en nuestra tierra en tiempos pasados, cuando los vecinos se reunían y llevaban al bazarre el voto de cada casa o fuego. Ningún natural navarro podía ser desposeído de su ciudadanía, ni por lo tanto de su voto vecinal.

La Ilustración y las revoluciones liberales del siglo XIX consagraron este derecho, que se fue haciendo universal, incorporando paulatinamente el voto de los indios, de los negros, de las mujeres, de los solteros y de los jóvenes. Hoy día, la negación del derecho a voto a cualquier parte de una sociedad, es signo inequívoco de dictadura. Franco no negó el derecho a voto a todos, pues una buena parte de la sociedad participaba en su llamada democracia orgánica. Sólo se lo negó a la parte de la sociedad que cuestionaba su tiranía. Como ocurre ahora, salvas no sean las distancias.

En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nueva regla de juego planetaria para dirimir conflictos y evitar guerras. Desde su introducción, la ONU dejaba clara la necesidad de respetar la Declaración, «a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión». No se trataban de unos derechos humanos revolucionarios, (los «Izquierdos Humanos» que cita Galeano), sino unas normas democrático burguesas que, respetando la libertad del mercado, superase la barbarie entre los hombres.

Las limitaciones de este sistema ya las conocemos: son los grandes partidos, los grandes medios de comunicación y los grandes grupos económicos los que tienen todas las ventajas electorales. Pero al menos, la Declaración garantizaba, si no la igualdad, sí el derecho a opinar y a votar, y a no ser ultrajado por hacerlo.

España ha incumplido con los vascos todos los mínimos que exige la Declaración, y nos ha devuelto a la Edad Media. Aquí, «todos los seres humanos (ya no) nacen libres e iguales» (art.1). Ni «toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas», ni tampoco «a participar en el gobierno de su país» (arts. 20-25). Hace tiempo que dinamitaron el famoso art. 19: «toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión»; y no quieren acordarse de que nadie debe ser «sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes» (art. 4), o que «nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado». Nos tratan como lo que somos, una colonia. Navarra sobre todo, es el hazmerreir del Estado. Violadas todas las normas, la propia Declaración reconoce nuestro derecho a no someternos.

Negar a un importante sector de nuestra sociedad el derecho a votar y a presentarse es, sin asomo de duda, lo más trascendental que está ocurriendo en estas elecciones. Pero a juzgar por lo que leemos en los programas electorales, no parece ser esta la opinión de la mayoría de los partidos, que participan en esta carnavalada como si nada ocurriera. La Historia nos juzgará a todos.

Lejos de mirar hacia otro lado, nosotros nos sumamos activamente a la protesta democrática de los miles de vascos y vascas despojados de su ciudadanía y de sus derechos. Frente al pucherazo, proponemos la abstención. Y frente a un Estado que no cumple en nuestra tierra ni siquiera los mínimos democráticos que exigen los organismos internacionales, proponemos, simplemente, caminar hacia la independencia. Cuanto antes nos pongamos en marcha en esa dirección, antes llegaremos.

(*) Además de Xabier Silveira y Jon Gorriti, firman este artículo Jose Mari Esparza Zabalegi (editor) y Fermin Balentzia (cantautor).