El diario «El País» publicó ayer una noticia en la que se señalaba que la Policía española no puede verificar que la persona que aparece en el vídeo grabado por las cámaras de vigilancia en el párking de la T-4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006, horas antes de la explosión que se produjo, sea Mattin Sarasola.

En el informe de la Policía Científica aportado al Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional, los técnicos policiales explican que «no se puede realizar un estudio fisonómico mínimamente riguroso debido a la mala calidad de las imágenes dubitadas, circunstancia agravada por la ocultación del rostro del sospechoso con una mascarilla y una gorra».

Las imágenes que han sido analizadas por las FSE fueron difundidas por el Ministerio del Interior el 9 de enero como «prueba» que según quisieron trasladar, demostraba la presencia de Sarasola en el aeropuerto de Barajas antes de la explosión, reivindicada por ETA.

Y es que el revuelo mediático que levantó el ingreso en el hospital de Igor Portu horas después de que fuera detenido en Arrasate, junto a Sarasola, provocó que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareciera ante los medios en repetidas ocasiones para sostener que las lesiones del joven lesakarra se produjeron al realizarse una detención violenta, además, de lanzar contra Sarasola y Portu distintas imputaciones.

En una de ellas, acusó a los jóvenes de ser los «autores materiales» del atentado de Barajas además de otras acciones. El ministro de Interior aseguró que Sarasola «había relatado con pelos y señales cómo se perpetraron estos atentados» en dependencias policiales. Rubalcaba llegó a regodearse diciendo que «lo ha contado todo».

Investigación «viciada»

La imposibilidad de demostrar que el autor del atentado sea Sarasola vuelve a situar el foco en el objetivo que buscaban entonces los mandatarios españoles, cuando las denuncias de torturas resonaban con fuerza. Incluso el periodista que suscribía la información publicada ayer dejaba caer que las pruebas contra los dos jóvenes de Lesaka «no son concluyentes», ya que la «confesión» de Sarasola puede estar «viciada» si en la investigación que se sigue en un juzgado de Donostia «se demostrara que fue obtenida mediante torturas o malos tratos».

El joven de Lesaka denunció ante el juez de la Audiencia Nacional que fue torturado durante el periodo que permaneció incomunicado a manos de las FSE, y que las declaraciones autoinculpatorias fueron obtenidas de ese modo.

En su testimonio, difundido por Torturaren Aurkako Taldea, Sarasola narró los golpes, amenazas y torturas padecidas en los cinco días y noches que estuvo incomunicado en manos de la Guardia Civil, y explicó que los maltratos continuaron hasta el paso por la Audiencia Nacional, pese a que en la opinión pública desde cuatro días antes ya había una intensa polémica al hilo del parte médico de Portu difundido por GARA.

El joven lesakarra relató que los agentes le llevaron a una pista tras su detención y que allí, mientras le golpeaban, le amenazaron con hacerle «lo que a Mikel Zabaltza», cuyo cadáver apareció ahogado cuando estaba incomunicado en manos de agentes del cuartel de Intxaurrondo en 1985.

Sarasola contó también que le hicieron «la bolsa» y que fue obligado a hacer ejercicio físico con ella puesta, lo que le provocó ataques de ansiedad y asma. Asimismo, señaló que fue amenazado con otros métodos de tortura como los electrodos o la bañera y que si denunciaba lo sucedido iban a torturar a sus familiares.

Portu también aseguró que las lesiones por las que fue ingresado en el hospital con una costilla rota y un pulmón perforado fueron provocadas por los golpes recibidos durante su estancia en dependencias policiales. El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Donostia inició una investigación por estos hechos, y ocho guardias civiles acudieron a declarar como imputados a finales del mes de febrero.

Todos los agentes negaron haber torturado a los detenidos y aseguraron que las lesiones se produjeron en el momento del arresto. Sin embargo, hasta el propio juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, en un hecho sin precedentes, destacó tras tomar declaración a Portu y Sarasola que sus relatos coincidían a pesar de que no habrían podido contactar entre ellos al estar incomunicados. En su testimonio explicaron que no había control policial, que no se opusieron a la detención y que fueron llevados a una pista en la que les golpearon.