En teoría, la Constitución francesa establece el control mutuo entre tres poderes independientes: el Parlamento, la Justicia y el Ejecutivo -constituido de un presidente de la República y de un primer ministro que él designa para dirigir el gobierno-. Sin embargo, la práctica queda bastante lejos de esa teoría.

«Veo tres defectos principales en el sistema actual», explica a GARA Dominique Rousseau, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Montpellier I, que señala como el primero de esos obstáculos el desequilibrio de poderes. «El Ejecutivo, y particularmente el presidente, tiene un poder exorbitado. Impulsa y organiza todas las políticas sin someterse al control del Parlamento, ya que la mayoría parlamentaria sigue dócilmente al Gobierno».

Al tiempo, prosigue Rousseau, «el Ejecutivo tiene en sus manos al poder judicial: los jueces son nombrados y su carrera controlada por el Ministerio de Justicia».

El segundo de los problemas concerniría a los ciudadanos, «que son mantenidos al margen de la decisión política. No pueden, individualmente, cuestionar la inconstitucionalidad de una ley, ni colectivamente organizar un referéndum o inscribir en el orden del día parlamentario el debate de una ley».

El tercer defecto que enuncia este profesor es que «no existe ningún mecanismo que obligue regularmente a los dirigentes a dar cuenta de sus decisiones». Incluso una derrota electoral puede verse revertida. Lo habitual en el resto de estados europeos, es que el jefe del Ejecutivo ceda su puesto si su partido pierde las elecciones. No ocurre así en el Estado francés, donde François Mitterrand, en 1986, y Jacques Chirac, en 1997, prefirieron cohabitar con un primer ministro salido de las filas de la oposición.

Otras fallas

El sistema francés acusa otras fallas, como que sus medios de comunicación apenas ejercen su papel de contra-poder. A su vez, el sistema electoral lleva aparejada una bipolarización de la vida política y la falta de representatividad del Parlamento.

«El referéndum de 2005 sobre el Tratado Constitucional Europeo jugó un papel revelador», comenta Paul Alliès, profesor de Ciencias Políticas en la universidad de Montpellier I. «Cerca del 90% del Parlamento y la inmensa mayoría de los medios hicieron campaña en favor de la ratificación del Tratado. Sin embargo, finalmente el 54% de los franceses lo rechazaron, un resultado reforzado por una participación importante, del 70%», recuerda.

¿Cuáles son las mejoras que propone el anteproyecto de reformas institucionales que refrendó el miércoles el Consejo de Ministros? La Asamblea Nacional podrá determinar su orden del día dos semanas sobre cuatro. En el presente, su agenda está controlada por el Gobierno. Al tiempo, podrá también dar su opinión sobre los candidatos designados por el presidente para algunos puestos institucionales clave. La utilización del artículo 49-3, que permite actualmente al gobierno poner fin a una discusión parlamentaria que no deriva en un acuerdo e imponer la adopción de un texto, se vería limitada.

Sin embargo, en lo que concierne a la intervención de los ciudadanos, se ha descartado la idea de que se pueda convocar referéndum a iniciativa popular.

En lo referido al poder judicial, no se cuestiona la dependencia de los jueces con respecto al Ministerio de Justicia. La reforma sólo plantea extender el poder consultivo del Consejo Superior de la Magistratura y confiar su presidencia no ya al jefe del Estado sino a un presidente del Tribunal Supremo.

Estas medidas eran esperadas desde el discurso presidencial del 12 de julio en Épinal, tras el cual Nicolas Sarkozy encomendó al ex presidente Edouard Balladur la misión de preparar la reforma.

El comité Balladur hizo público su informe el 29 de octubre de 2007: hizo 77 propuestas, 41 de ellas concernientes directamente a la Constitución. Sarkozy aceptó parte de las mismas y descartó otras, mientras que el primer ministro, François Fillon, fue el encargado de llevar a cabo las rondas de consultas con los partidos de la mayoría y de la oposición antes de anunciar el anteproyecto. Esa ronda responde al hecho de que toda revisión constitucional exige el voto de tres quintas partes de los diputados y senadores, mayoría de la que no dispone por sí solo el partido sarkocista, UMP.

Respaldo de la oposición

En todo caso, es de reseñar que los diputados socialistas tienen intereses convergentes con los de la mayoría conservadora, fundamentalmente en lo que concierne a la elección del Parlamento, lo que despeja en gran medida el camino de la reforma.

El anteproyecto renuncia a las dos medidas indispensables para volver a dotar de legitimidad y eficacia al Parlamento ante el Gobierno y el presidente. De hecho, mayoría y oposición se han puesto fácilmente de acuerdo a la hora de descartar la propuesta 56 que planteaba una reforma del código electoral «para evitar una acumulación de mandato parlamentario y una función ejecutiva local». Y es que, efectivamente casi nueve de cada diez parlamentarios franceses son alcaldes o presidentes de asambleas locales o regionales. «A menudo están ausentes del Parlamento porque prefieren estar en sus feudos respectivos y delegar en el jefe de grupo parlamentario su poder», explica Dominique Rousseau. «La acumulación de mandatos les incita a desatender el debate nacional y legislativo. Además, encierra a la clase política sobre sí misma, impide su apertura a las mujeres, a los jóvenes... ya que cuando una misma persona ocupa tres puestos bloquea el acceso a responsabilidades a otras dos personas».

La instauración de una dosis de proporcionalidad en las elecciones legislativas parece también descartada. Y ello cuando la elección de la Asamblea Nacional por el sistema de escrutinio mayoritario a dos vueltas es especialmente criticada, ya que limita el paso a segunda vuelta de sólo dos candidatos, es decir los de los dos partidos más importantes.

«Es la legitimidad misma del Parlamento la que se ve afectada: el 40% de la ciudadanía que vota no se ve representada», remarca Paul Alliès, antes de recordar que el comité Balladur propuso que entre 20 y 30 escaños fueran designados a una designación proporcional, a fin de que los partidos intermedios pero con resultados significativos a escala estatal pudieran tener una mínima representación en el Parlamento.

Sin embargo, esa propuesta «provocó una protesta general, particularmente en las filas de la UMP. Y es que las reforma del Parlamento han fracasado en razón de la oposición de los parlamentarios que se benefician del sistema actual y que son necesarios para sacar adelante la reforma constitucional», explica el profesor Alliès.

Este sistema penaliza, según señala, la vida democrática francesa al fijar la sumisión absoluta de los parlamentarios a sus respectivos partidos. «La dinámica de partido lleva al Ejecutivo a considerar al grupo parlamentario como una mera correa de transmisión», analiza Renaud Derandeux, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Estrasburgo III.

«Por una parte, los diputados apoyan al jefe de partido, al que puede hacerles ganar las elecciones. Por la otra, es el partido, y no los militantes, el que distribuye las candidaturas para las elecciones municipales y legislativas. Y esas investiduras están, a su vez, controladas por el jefe de partido y por el presidente. Los electos pueden tomar la palabra, y hasta se asiste en ocasiones a movimientos de protesta, pero finalmente deben someterse al poder central», resume.

Sin embargo, otros estados disponen de sistemas electorales más equilibrados. «Si se aplicara en Francia un sistema proporcional a la española o a la alemana -valora Dominique Rousseau- se permitiría a los parlamentarios contar con una relativa independencia de análisis y de voto. En el estado actual de la propuesta, la reforma constitucional se limita a un tímido reequilibrio de los poderes del Parlamento», concluye.

La voz del presidente

A cambio de ese reequilibrio, Nicolas Sarkozy cuenta con obtener la compensación de que el presidente pueda dirigirse a los diputados. «Es una propuesta simbólica destinada a dotarle del último derecho con que no contaba ante el Parlamento», estima Paul Alliès, para quien «lo más grave es que la implicación directa del presidente en todos los asuntos que se ha producido desde la elección de Nicolas Sarkozy hace que la figura del primer ministro no sea realmente relevante, ya que él es el único responsable ante el Parlamento, que puede destituirle. Es el único caso en Europa en el que quien define la política de la nación no puede ser sancionado sino cada cinco años por el sufragio universal».

Sin embargo, en su discurso de Épinal, Nicolas Sarkozy insistió en el hecho de que «no se puede tener un poder fuerte sin que éste tenga fuertes responsabilidades».

Sin cambios locales

La reforma se limita al ámbito estatal. Sin embargo, el cambio de las instituciones locales parece necesario. Es una de las carencias que subraya Jean-François Picard, responsable de formación de la asociación para la democracia y la educación local y social, la principal asociación de promoción de la democracia participativa.

«Desde hace quince años, asistimos a una transferencia de competencias hacia las autoridades locales. En miles de colectividades se han puesto en marcha experiencias de democracia participativa: consejos de barrio, comisiones consultivas sobre la organización del transporte, el urbanismo, la política social o cultural» explica Picard, para quien «es necesaria esa democratización de la toma de decisiones respecto a las políticas locales. Sin embargo, se lamenta de que «el poder central, al igual que los principales partidos políticos siguen considerando todavía que el pueblo es incapaz de decidir».