«Estamos en la recta final, procesalmente hablando, aunque ésta pueda resultar aún larga en el tiempo. Pongamos cada cosa en su sitio y refijemos el norte, nítido, sin aditamentos ni distracciones que lo desdibujen. El proceso a `Egunkaria' sólo tiene una resolución justa posible. Es el sobreseimiento y el archivo del caso, sostenido incluso por el fiscal del mismo. Que nada ni nadie nos reste fuerzas en ese afán. Que nada ni nadie nos desvíe de ese objetivo». De esta forma concluye un amplio comunicado suscrito por Laura Mintegi, Koldo Gorostiaga, Bernardo Atxaga, Carlos Garaikoetxea, José Elorrieta, Baltasar Errazti, Xabier Arzalluz, Rafa Díez y Jonan Fernández, todos ellos miembros del Grupo de Apoyo a Egunkaria.

Aunque no lo citan en su escrito, éste es una respuesta a Patxi Baztarrika, viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno de Lakua, autor de un artículo titulado «Con vosotros, desde la discrepancia».

«Debates extemporáneos»

Los nueve firmantes señalan que «la crudeza de los hechos es tal que sobre la misma o con ella no cabe ni construir ni cruzar debates extemporáneos sobre políticas culturales, tan discutibles tanta en una dirección como en otra».

«Y mucho menos -añaden los firmantes- cabe convertirse en aliado objetivo de la acusación, aunque sea involuntariamente, a través de argumentos fácilmente rebatibles en escenarios políticos y judiciales comunes, pero que podrían resultar letales antre un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional. Allí, en casos como éste, se tiende a condenar el pensamiento, las ideas, no los hechos. Allí, las bases probatorias jurídicamente rigurosas, ligadas a actos determinados, se sustituyen por la especulación supuestamente indiciaria, como lo prueba este caso y tantos otros».

En la misma línea, piden que «se debata sobre políticas culturales dónde, cuándo y entre quienes proceda» y que «se critique lo que deba ser objeto de tal por quien así lo considere», pero piden que en esta ocasión se tenga en cuenta que se trata de «un caso judicialmente irresuelto, o con éste como soporte base, que bastante tiene con afrontar la amenaza de un tribunal de excepción».

Entre otras cosas más, recuerdan que «los responsables de esta estrategia general son los que se hallan en el impulso político y en el mantenimiento judicial de este caso, así como en el de otras ilegalizaciones y cierres de medios de comunicación».