Fue hacia las 12.40 de la mañana del 20 de agosto de 1983 cuando una decena de policías nacionales, al mando de un oficial, penetraron en el salón Árabe de la casa consistorial, dónde ondeaban las tres banderas, y, tras arriarlas de los mástiles situados en dicha dependencia interior del Ayuntamiento, izaron la española en el balcón exterior del Ayuntamiento de Bilbao.

Tan sólo media hora después, el alcalde, el Sr. José Luis Robles del PNV, acompañado por varios conceja-les del PNV, HB y Euskadiko Ezkerra, abandonamos el Ayuntamiento camino del depósito municipal de Garellano, situado en Basurto. El Gobierno Civil de la provincia se apoyaba en el artículo 9 de la ley de banderas para justificar la imposición.

No conviene olvidar el marco de aquel año, 1983, en el que el PSOE se define oficialmente como un partido terrorista español; por entonces Ramón Jáuregui era el delegado del gobierno en el País Vasco, Ricardo García Damborenea era el secretario general del PSOE en Bizkaia y Rodolfo Ares era concejal en el Ayuntamiento de Bilbo. El gobernador civil era Julián Sancristobal. Cuenta García Damborenea que en 1983 se gestó el GAL en el corazón del PSOE.

Poco antes, en la primavera del 83, relata García Dambo- renea que, convocados por el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, se reunieron en la sierra madrileña su número dos, Rafael Vera; Ramón Jáuregui, delegado del Gobierno en el País Vasco; José María Benegas, secretario general del PSE-PSOE; los gobernadores civiles de Guipúzcoa (Julen Elgorriaga), Vizcaya (Julián Sancristóbal) y Álava (Jesús Gar-cía Villoslada), y los secretarios del Partido Socialista en esas tres provincias (Enrique Casas, García Damborenea y Angel Gavilán) para organizar, lo que poco más tarde, se conocería como el GAL.

Y fue el día grande de la Aste Nagusia de 1983 cuando los concejales de Herri Batasuna izamos una gran ikurriña en el Ayuntamiento ante los morros del gobernador y su Policía y cuando un capitán de los grises nos obligó, pistola en mano, a retirarla. Nos resistimos. Por cierto, el mismo capitán que le espetó a Tasio Erkizia haber asistido a su tortura contra él, quien presuntamente fue violado con un palo y estuvo en coma a punto de morir. En nuestra defensa y apoyo llegó de los toros el alcalde de la Villa, el Sr. José Luis Robles, quien echó a los policías del interior del Ayuntamiento. Hecho memorable que lo guardo con cariño.

Sería pocos años después cuando en una bajada masiva de bilbainos/as desde la plaza de toros al recinto festivo, orga- nizada por las peñas, otro gobernador del PSOE, Juan Igna- cio López Rodríguez -también con label del GAL-, amenazó con la intervención de la Policía. En la mesa de discusión en el Gobierno Civil estábamos, a este lado de la mesa, repre- sentantes de la fiesta; al otro lado: el gobernador Juan Igna-cio y su asesor, el concejal Rodolfo Ares Taboada. No convie-ne olvidar estos nombres y su fregado cuando hoy nos hablan de democracia al izar de nuevo la española en el Ayunta- miento de la Villa.