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Vecinos del barrio lohizundarra de Akotz bloquean la instalación de una antena

A.M. |

Desde el pasado lunes, vecinos del barrio Akotz montan guardia junto a la antena de telefonía móvil a cuya instalación se oponen firmemente, al considerar que no hay suficientes garantías en cuanto a los efectos nocivos que puede tener sobre su salud y también por el impacto paisajístico que supone.

Los vecinos que han creado la asociación «Acotz en alerte», descubrieron el proyecto el 20 de marzo, cuando la empresa encargada de la instalación comenzó a poner las primeras bases de la torreta, que se sitúa a unos 30 metros de las primeras viviendas.

El martes se reunieron con el alcalde, Peyuco Duhart, a quien solicitaron que parase las obras y anulase el permiso correspondiente, toda vez que-consideran- el procedimiento ni siquiera ha respetado las claúsulas legales de comunicación previa y obligatoria a la población afectada, que tiene derecho a presentar sus alegaciones si lo estima pertinente.

Duhart se mostró comprensivo con la preocupación de los akoztarras, pero se refugió en la probable demanda judicial que la empresa interpondría al Ayuntamiento en caso de que aplicase «el principio de precaución», máxime cuando una decisión del Consejo de Estado de 2002 estableció que no existe nada probado sobre los riesgos de este tipo de antenas sobre la salud.

«Acotz en alerte» no opina lo mismo, y ha decidido continuar el bloqueo para impedir que se termine la instalación de la antena de las operadoras SFR y Orange que, en principio, deberían estar finiquitada para mayo.

Empresa ecológica afectada

También han decidido dirigirse a la ministra de Interior y concejala de la localidad, Michèle Alliot-Marie, así como a la empresa QuickSilver, que se encuentra en las cercanías y que se reclama «ecológica».

Los vecinos que con anterioridad ya consiguieron que se retirara otra antena de telefonía instalada durante nueve años a una distancia superior a la actual, exigen que se abra un periodo de exposición pública del proyecto y de concertación entre Ayuntamiento, empresa y afectados, como prevé la ley.

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