El impulso por parte de PNV y PSE de «mociones de compromiso inequívoco con principios éticos» en ayuntamientos gobernados por ANV, como antesala de la preparación de mociones de censura, se encuentra estos días en el centro del debate político-mediático y cabe pensar que seguirá así al menos hasta que la sustitución de las alcaldías actuales por otras de PSE y PNV se materialice en Arrasate y algún otro municipio.

La operación se asemeja mucho a otra puesta en marcha a comienzos de 2002 por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, que buscaba el aislamiento de Batasuna en los consistorios. Aquella iniciativa apenas tuvo repercusión en el trabajo municipal. Sin embargo, fue uno de los elementos empleados por el Gobierno de José María Aznar para impulsar la ilegalización de la formación independentista. También entonces el PNV fue el encargado de poner la alfombra roja a las pretensiones del Pacto PP-PSOE.

El 22 de febrero de 2002 Juan José Ibarretxe convocó en Lehendakaritza a los representantes del Gobierno de Madrid y de Lakua Enrique Villar y Javier Balza, al presidente de Eudel, a los tres diputados generales y a los líderes de PNV, PP, PSE, EA y EB para, en teoría, adoptar decisiones en torno a la seguridad de concejales y cargos públicos amenazados por ETA. Aquel encuentro tuvo dos repercusiones prácticas. Por un lado, la creación de una «Mesa de Seguridad» que se reunía en Arkaute y donde al margen del Parlamento se negociaron y aprobaron reformas legales en el ámbito de la protección de datos y la normativa electoral que después se trasladaron al Legislativo.

Por otro lado, los partidos acordaron que Eudel presentaría mociones en los que se exigiría a cada ayuntamiento «un compromiso ético y moral». Ramón Jáuregui, entonces presidente de la gestora que dirigía el PSE tras la dimisión de Nicolás Redondo, anunció que esas mociones serían «un reto para Batasuna» y advirtió de que aquel que no las aprobara «sufrirá las consecuencias».

Tras diversas consultas, el entonces presidente de Eudel, el jeltzale Karmelo Sáinz de la Maza, remitió el 27 de marzo a los alcaldes un texto bastante genérico que no gustó a PP y PSE, porque no hacía mención expresa a ETA. Tras el consabido revuelo mediático, el 3 de mayo Eudel y el tripartito aprobaron una moción al gusto de los integrantes de llamado Pacto Antiterrorista.

A los pocos días, el propio Sáinz de la Maza y una decena de alcaldes jeltzales anunciaban el compromiso del PNV de presentar la moción en todos los ayuntamientos que gobernaban y el compromiso de «no acordar con Batasuna los presupuestos municipales» allí donde no la aprueben. En los municipios con alcaldes indepen- dentistas, el PNV proponía «gobernar desde la oposición».

En los dos meses posteriores la moción se aprobó sin problemas en más de una veintena de ayuntamientos, algunos gobernados por Batasuna, sin que se produjeran más consecuencias que el cese de los ediles abertzales de Barakaldo en algunas entidades supramunicipales donde hasta entonces representaban al consistorio.

Aquella mesa y aquellas mociones cayeron luego en el olvido, hasta que el abogado del Estado las rescató en el punto b.3.1. de su demanda de ilegalización de Batasuna, en la que se recogía que no suscribir la moción es una «conducta que fomenta el ambiente de coacción, miedo, exclusión y privación de derechos y libertades». Jáuregui tenía razón. Quien no las aprobó sufrió las consecuencias.