Juanjo BASTERRA

Empleo precario, malas condiciones de trabajo, falta de seguridad y salud en las empresas, dobles escalas salariales... y así se llega hasta judicializar por la vía penal la labor de los piquetes informativos en caso de huelgas que nacen por la negativa de los empresarios de mejorar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores.

La realidad está demostrando que los empresarios se sienten amparados en su «actuación represiva» frente a los trabajadores en todos los órdenes de la empresa. Se trata, como denuncian desde ELA y LAB, de frenar los derechos de los trabajadores a fin de «enmudecernos y maniatarnos» hasta límites insospechados, «con la connivencia de la Administración pública». Sin embargo, ayer en Iruñea, 200 delegados sindicales se autoinculparon de haber participado en piquetes informativos y reconocieron que seguirán haciéndolo. Así ocurrió con dos delegados de ELA que participaron en 2003 en una larga huelga en el sector de Hormigones y Canteras. La patronal les denunció por la vía penal por haber participado en los piquetes informativos de la huelga. Se libraron de la cárcel porque pagaron la multa que se les impuso, como se ha conocido esta misma semana. En Iruñea, ocurre igual con la huelga de las trabajadoras de Dornier. Los 200 sindicalistas se autoinculparon ante los Juzgados de Lo Penal número 2 y 4.

En este caso, el Juzgado de Lo Penal número 4 comunicó ayer la decisión de absolver a las dos trabajadoras, que fueron juzgados a finales de marzo, acusadas de participar «en piquetes informativos intimidatorios», para los que el fiscal pedía tres años de cárcel por la huelga de Dornier, la concesionaria del servicio de control de estacionamiento restringido (zona azul) en Iruñea. Todavía queda otro juicio, que se celebrará en setiembre contra siete trabajadoras más a las que se les piden penas de 18 meses de prisión.

Alberto Jurado, de LAB, recordó que «nos hemos inculpado para manifestar que la huelga es nuestro derecho». Explicó que la patronal empleó «a dos esquirolas para interponer la denuncia contra las huelguistas porque tiene sed de venganza». En un comunicado, LAB se felicitó por la decisión judicial y dijo que «supone un pequeño acto de justicia con respecto a la plantilla de Dornier».

Demanda contra Dornier

En declaraciones a GARA, Jurado explicó que «durante la huelga de Dornier no se vulneró el derecho al trabajo, sino el derecho a la huelga». LAB recuerda que los juzgados han aceptado hace escasas semanas una demanda contra Dornier «por sustitución ilegal de trabajadores durante la huelga, condenando a la empresa a pagar una indemnización de 5.000 euros». En este caso, la central sindical pide el «reconocimiento del daño causado a las trabajadoras injustamente acusadas y procesadas, tanto por las acusadoras como por la empresa. El juicio no debió celebrarse nunca», precisa. Pide, por último, que la segunda causa se paralice y que se mejoren las condiciones laborales de las trabajadoras, que es lo que motivó la huelga».

Joseba Villarreal, responsable de Negociación Colectiva de ELA, sostiene que «día a día se están vulnerando los derechos a la huelga pero ni el Departamento de Trabajo de Gasteiz ni el de Iruñea actúan contra las empresas, sino que se apoya a los empresarios que cercenan nuestros derechos y ponen trabas jurídicas para amenazar nuestro derecho a la huelga».

No se queda ahí en la denuncia, porque sostiene que «se imponen servicios mínimos abusivos, se sustituye de forma ilegal a los huelguistas por trabajadores de las empresas de trabajo temporal o con otros trabajadores de la misma empresa. Es un escándalo y desde la Administración, que es la que nos debiera defender, no se nos defiende». Cita un caso actual como la huelga en el Balneario de urduña por despido, donde «se nos impide concentrarnos a menos de 15 metros y sin megafonía».