El Estado español suspende con creces el test de la lucha contra la xenofobia y el racismo, y de la protección de las víctimas. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es uno de los cinco estados miembros que no publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales relativos a delitos racistas.

El informe RAXEN 2006 (Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia) cuantificó en más de 4.000 las agresiones anuales protagonizadas por grupos racistas contra inmigrantes, indigentes, homosexuales y prostitutas.

Ante estos datos, el director de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán, denunció «la invisibilidad» de este problema, la ausencia de voluntad política para abordarlo y «el desinterés en las actuaciones de las autoridades judiciales y la Fiscalía General del Estado».

Acción contra la Discriminación, que analiza 612 casos de discriminación en el Estado español, detectó que en el 80% de los casos documentados no se presentó denuncia y en los que sí la hubo, la sentencia nunca fue favorable a la víctima. «En consecuencia, apenas hay denuncias en los tribunales sobre ataques o discriminación con un componente racista fruto de la desconfianza en el sistema, la dificultad probatoria de estos delitos, el temor de las víctimas a ser objeto de represalias, a que se inicie un expediente de expulsión en el caso de los indocumentados y la desinformación generalizada», subrayó AI.

Entre las recomendaciones del informe «Entre la desgana y la invisibilidad» están la implantación de «medidas específicas» en contra de la discriminación de la comunidad gitana, las mujeres y los menores inmigrantes no acompañados, y la prevención de la tortura.