La Justicia militar egipcia condenó ayer a 25 dirigentes de los Hermanos Musulmanes, a quienes acusó de «financiación de una organización prohibida», por lo que les impuso penas de hasta diez años de prisión.

El número tres de la fraternidad islámica, Jairat al-Chater, importante hombre de negocios y responsable financiero del movimiento, ha sido condenado a siete años de prisión, al igual que otro dirigente, Hassan Malek, según informó France Presse citando una fuente judicial.

Cinco miembros de los Hermanos Musulmanes que se encuentran en el extranjero tienen penas de diez años de prisión, mientras que otros 18 han sido condenados -dos de ellos en rebeldía- a penas que van de tres a cinco años, según la misma fuente.

Los otros quince miembros de la fraternidad que fueron juzgados han sido absueltos por el tribunal, ubicado en la zona militar de Haikstep, al nordeste de El Cairo.

Los veredictos de la Justicia militar egipcia no pueden ser recurridos.

Acusados de «blanqueo de dinero y financiación de una organización prohibida», los 40 hombres han sido juzgados a puerta cerrada desde el 26 de abril de 2007.

La fraternidad de los Hermanos Musulmanes, creada en 1928, fue oficialmente prohibida en 1954, pero está relativamente tolerada. Ocupa un quinta parte de los escaños en el Parlamento después de que lograra abrirse camino en las legislativas de 2005. Desde entonces, sus diputados se encuadran como «independientes».

La decisión de que estos 40 hombres, que fueron detenidos en diciembre de 2006, comparecieran ante la Justicia militar fue tomada por el presidente Hosni Mubarak.

Numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos criticaron a Egipto por obligar a civiles a comparecer ante un tribunal militar.

«Se trata de un juicio injusto y extremadamente extraño. Son condenas políticas que reflejan la extrema violencia del régimen hacia los Hermanos Musulmanes», declaró a France Presse el número dos de la fraternidad, Mohammed Habib.

Para Amnistía Internacional (AI), el veredicto constituye «una subversión de la Justicia en Egipto», ya que «ya no hay duda de que el Gobierno prosigue en su campaña de persecución a todos los niveles del principal grupo de oposición en el país», declaró Nicole Choueiry, portavoz de AI para Oriente Medio.