Me pregunto cuántas personas de la clase política actual saben lo que supone atender a personas con Alzheimer en familias con pocos medios económicos. Qué supone para las personas enfermas y qué supone para las familias y conocidos que procuran ayudarlas sin suficientes recursos privados y con una enorme falta de recursos públicos.

No estoy pensando en familias con suficientes recursos para ingresar a una persona con Alzheimer en una residencia especializada. Esas familias sufren, pero de una manera bien distinta a aquéllas para las que la única solución para acomodar lo más posible a la persona con Alzheimer es cambiar la vida habitual de la casa: esas familias que tienen que reformar, literalmente, sus hábitos y los espacios de su casa, sellar ventanas, garantizar que nunca esté sola esa persona, cambiar hábitos de dormir conforme avanza la enfermedad, ver día a día cómo una persona pierde cualquier forma de comunicación con sus familiares... Son miles las personas diagnosticadas con Alzheimer en Euskal Herria y en la mayoría de estos casos brilla por su ausencia un buen programa público para afrontar la enfermedad.

La gran pregunta que estas familias llegan a plantear es por qué no hay apenas medios públicos para ayudarles cuando el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica claramente que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia, entre otras cosas, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. También se pregunta por qué hay que recurrir a la caridad para obtener fondos para investigar la prevención o tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Un creciente número de familias ve que la clase política no garantiza un adecuado reparto de los recursos públicos para atenderles debidamente.

Cada vez que me encuentro con una persona con Alzheimer, con una de esas familias o con alguien intentando reunir recursos para investigar la enfermedad, se me revuelven la tripas, porque la clase política, por mayoría, dedica más de 4.000 millones de euros a una infraestructura llamada de «altas prestaciones» pero sin utilidad social alguna, y sigue aprobando otros tantos millones para otras infraestructuras y proyectos de una igualmente baja prioridad social, dinero que podría mejor destinarse a ayudar a dichas personas y familias para transformar lo que para muchas es una pesadilla en, cuando menos, una dolorosa pérdida arropada por familiares, personas conocidas y unas instituciones verdaderamente al servicio de su pueblo.

Y claro, el Alzheimer es solamente una entre tantas enfermedades para cuyos afectados y familias se reclama justicia mediante la aportación de los debidos recursos públicos. Así que, si la clase política mantiene su empeño en derrochar recursos públicos en proyectos de lujo como el TAV, la SuperSur y nuevos carriles para autopistas, que sepan que cada vez que suben al tren o al coche viajan sobre el sufrimiento y la desesperación de personas muy necesitadas.