Ante las noticias y declaraciones recientemente publicadas en diversos medios, sobre la negociación de una mayor financiación pública para la enseñanza privada concertada, STEE-EILAS quiere hacer las siguientes consideraciones.

La financiación actual real (año 2008) supera los 600 millones de euros y supone el 25% del presupuesto del Departamento de Educación. Estos niveles de financiación no tienen similitud con ninguna otra situación en toda Europa y sí tienen que ver con una tasa de matriculación atípica en los centros privados concertados (más del 50% del alumnado), que tampoco se da en ningún otro lugar.

Desde hace años la CAPV ya subvenciona mediante módulo parcial el bachillerato, los ciclos formativos y el primer ciclo de educación infantil, aun siendo etapas de enseñanza no obligatoria. En el caso de la EI fue más allá de lo que le exigía la ley, pues la concertación la ha establecido recientemente la LOE. En cualquier caso, es más que discutible que en la gratuidad de la enseñanza se deban incorporar cuestiones como servicios educativos (comedor, transporte...) libros de texto, o unos gastos de gestión y mantenimiento de los que carecen centros públicos (personal de administración y servicios...).

Hay que recordar, sin embargo, que el Departamento de Educación es el responsable directo de la gestión de los centros de su titularidad, es decir, la red pública. Esos centros siguen teniendo enormes carencias en recursos económicos y humanos y esa debería ser la prioridad. Hace falta un plan estratégico que coloque la enseñanza pública en el lugar que le corresponde, como columna vertebral de todo el sistema educativo, por encima de cualquier otra consideración, pues en última instancia es la que garantiza realmente el derecho a la enseñanza con carácter universal, siguiendo los principios de equidad y cohesión social.

No hay que olvidar que la enseñanza privada concertada debería ser sólo una parte complementaria de ese sistema educativo y que, aunque haya centros que merezcan mayores niveles de financiación pública, es indudable que otros no merecen la consideración de centros concertados ni por sus fines, ni por sus actuaciones. La Administración debería ser más exigente en este ámbito, aplicando un mayor control de los fondos públicos. La enseñanza no puede estar en función de las leyes del mercado y de pretendidos derechos constitucionales. La planificación educativa es fundamental, así como reconducir las tasas de matriculación a niveles europeos, por encima del 80% en la red pública.

Sólo la confirmación inequívoca de que el dinero público va a ser utilizado bajo criterios de cohesión social justificaría la financiación de entidades privadas. La enseñanza pública debe constituir la prioridad de la acción pública y las instituciones deben de velar por garantizar la financiación, así como la planificación -hoy por hoy incompleta- de una oferta pública de calidad en todo el territorio y en todas las etapas.

Finalmente, STEE-EILAS reclama luz y taquígrafos, así como la participación de toda la comunidad educativa, para abordar el debate de cuestiones estratégicas tales como la financiación de la enseñanza privada concertada o la supuesta ley vasca de educación. En dicho debate seguiremos reclamando, una vez más, el mismo objetivo con el que nació, hace ya 30 años, la defensa de Euskal Eskola Publikoa.