La intervención policial comenzó en torno a las 10.00, cuando agentes de la Ertzaintza accedieron al interior del edificio ocupado por el portal, mientras componentes de la Brigada Móvil lo hacían por el tejado. A partir de ahí, fueron localizando a los siete jóvenes que en esos instantes se encontraban en diferentes estancias del inmueble, que fueron identificados y a quienes no se permitió coger sus pertenencias, tal y como denunciaron posteriormente.

A la vez que los policías conminaban a las personas que residían en el número 4 de la calle Ribera a abandonarlo con rapidez, con mazas -según denunciaron desde Bilboko Okupazio Mugimendua (BOM)- se dedicaron a destrozar puertas y paredes para que el viejo edificio no sea habitable en el futuro. Además, varios operarios se encargaron de tapiar todos los accesos para evitar que el inmueble sea ocupado, y un vigilante jurado lo custodia.

Una vez desalojada, dos furgonetas de la Policía autonómica se quedaron en las proximidades de la casa ocupada hasta ayer y llegaron a identificar a algunas de las personas que en las inmediaciones mostraban solidaridad con los desahuciados.

La orden de «desalojo cautelar» del inmueble -ubicado en la trasera del teatro Arriaga- partió del titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital vizcaina, donde el 4 de marzo prestaron declaración, acusados de «usurpación», veinte jóvenes por haber irrumpido el 28 de diciembre de 2007 en el edifició, adquirido por la promotora inmobiliaria Hormibal para construir 26 viviendas de lujo con garaje.

Tras la toma de declaración, quedó pendiente que el juez adoptase medidas cautelares. Entonces, los procesados y otros miembros del BOM denunciaron que el abogado de la empresa les había ofrecido un trato «pagado con dinero totalmente podrido» para que abandonasen la casa. Tras estos contactos, en los que rechazaron las pretensiones de la firma, fueron llamados a declarar al juzgado.

La ocupación del vetusto edificio, que llevaba aproximadamente una década deshabitado, fue justificada entonces por «la necesidad de una vivienda para poder desarrollar un proyecto de vida digno» y para «denunciar el actual problema de la vivienda» en el Botxo, donde diferentes agentes sociales estiman que hay 18.000 pisos vacíos.

Ayer, después de ser obligados a abandonar el techo que les ha dado cobijo en los últimos meses, algunos de los jóvenes anunciaron que continuarán ocupando por encima de las trabas y las amenazas a las que se enfrenten.

Hace un mes, dirigiéndose a la opinión pública, se preguntaron: «¿Qué esta pasando en esta sociedad en la que es prioritario hacer negocio antes de garantizar los derechos básicos de las personas? ¿Qué deberíamos hacer los jóvenes, quedarnos de brazos cruzados?». Ante este dilema, los acusados de «usurpación» animaron «a todas las personas que no lleguen a fin de mes para pagar una casa a que ocupen una vivienda abandonada y le den vida».

Para los componentes del movimiento pro ocupación, la entrada en viviendas vacías está justificada por los problemas que tienen miles de jóvenes para poder disponer de un techo. Asimismo, subrayaron que «la pasividad e ineptitud de las instituciones» para intervenir en esta materia de una forma eficaz, «a pesar de los anuncios», les mueve en su estrategia de desobediencia. «La juventud de Bilbo está cansada de promesas y de esperar a que nos toque la lotería», dijeron en marzo frente al Palacio de Justicia.

Entonces, con la amenaza de represalias penales, quienes han impulsado el proyecto autogestionado del número 4 de la Ribera explicaron el «duro» trabajo de rehabilitación y limpieza de este inmueble de Alde Zaharra, «ya que nuestro compromiso con el mantenimiento de esta casa es firme». Tras esta labor, los jóvenes habían dado «vida a este edificio tanto trabajando en él como construyendo relaciones de solidaridad y apoyo con los vecinos».

EAE-ANV criticó la actitud del juez al dictar la orden de «desalojo cautelar», situándola en «la respuesta de las instituciones a quienes exigen el derecho básico a la vivienda y les mandan a la Policía». Para la formación independentista, con la intervención de la Ertzaintza se trunca momentaneamente un proyecto juvenil autogestionado para habilitar viviendas en este edificio abandonado, a la vez que «se impulsa la operación especulativa de una empresa que va a poner en el mercado unos pisos de lujo a precios inalcanzables para la inmensa mayoría de los bilbainos y bilbainas».