Desprecian los derechos cuando éstos corresponden a los débiles. Así es. El Gobierno de la CAV, en vez de tutelar su ejercicio -debiera ser su función como Administración Pública- pasa a convertirse en el fustigador de los mismos. Decide representar el papel de inquisidor. Coloca por encima del derecho fundamental de libertad sindical las difusas reglas que establecen las «leyes de la competencia». De esa manera, órganos administrativos creados por el propio Gobierno (el Tribunal de la Competencia lo es) actúan contra la libertad sindical atacando a quienes defendemos que los y las trabajadores del comercio puedan guardar fiesta los domingos y festivos.

¿Una falta de raciocinio, una desmesura, un «se les ha ido la mano»...? No. Es una actuación más -a cada cual más grave si cabe- que confirma quiénes son, para qué los han puesto y qué intereses defienden. Es evidente a quiénes benefician con esta política y a quiénes atacan. Esta manera de gobernar les define, les retrata: son halcones en busca -eso creen- de presa fácil. Son neo-cons. Aquí, en Hego Euskal Herria, también existen.

Un analista concienzudo tardaría mucho tiempo en descubrir en los actos de estas personas la existencia de intereses públicos; a medida que pasa el tiempo éso resulta más difícil. Este tipo de personas, desde sus puestos adjudicados a dedo, defienden sin pudor los intereses de los que más pueden: los del capital, los de las empresas. Y en el tema que nos ocupa, tampoco los de cualquier empresa; defienden intereses de las grandes empresas del comercio interesadas en la desregulación de los horarios comerciales para acabar, también si pueden, con el pequeño comercio.

Personas con gran experiencia en el ámbito jurídico (en Derecho constitucional, comunitario y administrativo) consultadas por ELA no daban crédito cuando leían el documento que hemos recibido del Servicio para la Defensa de la Competencia (dependiente del Departamento de Hacienda del Gobierno de la CAV). No podían creer que se pudiese abrir una actuación así contra un sindicato por realizar acciones genuinamente sindicales; acciones que, además, están amparadas por la ley. No daban crédito a que se nos exija, vulnerando la libertad sindical, infinidad de información interna del funcionamiento orgánico del sindicato, de reuniones que hayamos podido celebrar, de conversaciones mantenidas, de actuaciones llevadas a cabo... Un sinfín de informaciones que deberíamos facilitar en relación con nuestra posición sobre la apertura de los comercios los domingos y festivos. El requerimiento recibido establece en su final que «siendo un acto de trámite» no tenemos posibilidad de recurso. Tremendo.

Este Gobierno nos persigue sólo a nosotros, a los sindicatos. No quiere ver el fraude fiscal, ni el que existe en la contratación laboral, ni los incumplimientos de normas laborales relacionadas con la seguridad y salud laboral, ni cómo las grandes fortunas se llevan dinero a otros paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos, ni la especulación en la vivienda... Tampoco quiere ver a los que se forran en régimen de monopolio imponiendo precios abusivos porque controlan los mercados; tampoco a quienes controlan las adjudicaciones de licencias de innumerables actividades para privilegio de unos pocos... No ve todo aquello que no quiere ver. Y por paradójico que parezca, es capaz de ver infracciones en una actuación sindical completamente normal. Es capaz de verla, perseguirla y atacarla. Estos señores tendrían mucho trabajo si quisieran, pero no quieren porque no están dispuestos a enfrentarse con los que se llevan bien.

¿Qué pretenden estos nuevos inquisidores? Disciplinar a las organizaciones con autonomía de pensamiento y de acción para que nadie se atreva a contradecirles. Ellos aprueban las leyes y ellos crean órganos para perseguir a quien ose llevarles la contraria. Han decidido -ni más ni menos- que acciones sindicales que tienen por objeto defender que las trabajadoras y trabajadores del comercio puedan guardar fiesta los domingos y festivos sean inspeccionadas y, si discrecionalmente les conviene, sancionadas. Sí, sancionar la libertad sindical. ¿A quién se le ha ocurrido esta barbaridad? ¿Dónde están los responsables de poner coto a tan alto despropósito?

Se ha puesto de moda zurrar la badana a los currelas, y parece que dan por descontado que éso sale gratis. Va a ser que no. ELA no lo va a admitir. Esto es muy grave y esta valoración de gravedad no es un calificativo al uso. Es un hecho muy grave que el Gobierno decida convertirse en ariete contra la libertad sindical y que amenace con sanciones por el simple hecho de que el sindicato haga lo que la gente que más necesita espera de él: defender a los trabajadores y a las trabajadoras ejerciendo la libertad sindical.