Tras el fracaso del proceso de negociación desarrollado entre ETA y el Gobierno español y entre Batasuna y PSOE, la dinámica represiva del Estado, por un lado, y la actividad armada de ETA, por otro, han devuelto a la sociedad ante la cruda realidad del conflicto. El Gobierno español prometió venganza y su amenaza se materializó en una persecución policial y jurídica feroz contra las estructuras políticas de la izquierda abertzale y contra el colectivo de presos políticos. El encarcelamiento de la dirección de Batasuna, entre otros hechos, es muestra de ello. Por su lado, ETA ha colocado al PSOE entre sus prioridades armadas. Los sucesivos ataques, como el de ayer contra su local en Abusu, y especialmente el atentado en el que murió el militante del PSOE de Arrasate, Isaías Carrasco, así lo evidencian.

Es tan real que esas dos estrategias existen como que la valoración moral que los ciudadanos y las ciudadanas vascas hacen de ellas son divergentes. Y es inútil ocultarlo. No parecen pensar lo mismo quienes los días pares sí pero los impares no lanzan soflamas éticas desde sus tribunas. Proclamas éticas que hacen referencia a valores universales pero que evidencian el peor de los relativismos morales: lo que vale para mí no vale para ti y viceversa. Además buscan difuminar la esterilidad de su postura política, basada sólo en el ánimo de venganza y en la derrota del contrario.

Las demostraciones de fuerza por ambas partes evidencian cada vez más lo que para la sociedad vasca es una certeza: que un nuevo proceso vendrá no de una posición ética pretendidamente inocente -conjugada con una posición política maquiavélica-, sino del convencimiento de que no existe otro camino para llegar a un acuerdo justo, estable y duradero. Esa postura exige también ser honestos y aceptar que costará construir los puentes necesarios para poder desarrollar un nuevo intento negociador. Máxime cuando hay quien niega la existencia de un conflicto que se muestra cada día en los hechos descritos y en otras muchas situaciones.