Un día después de que se diera a conocer el desfalco de cerca de 500.000 euros por parte del ya ex director de Administración y Finanzas del Guggenheim Bilbao Museoa, Roberto Cearsolo, pocos datos trascendieron ayer sobre la situación en la que se encuentra la persona denunciada.

Según informó a GARA el departamento de Interior de Lakua, la Ertzaintza no ha recibido oficio alguno en el que se inste a actuar contra Cearsolo. Confirmó, asimismo, que no ha sido detenido en ningún momento ni se ha personado por voluntad propia en dependencias policiales. Fuentes jurídicas consultadas por este diario explicaron, por otro lado, que lo más probable es que la denuncia interpuesta en el Juzgado de Instrucción de Bilbo por el director del museo, Juan Ignacio Vidarte, sea una querella, por lo que el juez deberá estudiar si la admite a trámite. En caso de que así fuera, el procedimiento habitual pasa por tomar declaración al denunciado, tras lo que se decidiría si se inician diligencias contra él. No obstante, las mismas fuentes aseguraron que en otros casos a estas alturas ya se habrían tomado medidas cautelares como el bloqueo de cuentas y la citación judicial. Desde el Juzgado de Guardia de la capital vizcaina rechazaron ofrecer información sobre la situación legal de Cearsolo puesto que no están autorizados a difundir detalles «a las personas que no son parte en el procedimiento».

Tampoco hubo reacciones por parte de los responsables políticos con representación en el Patronato, exceptuando la escueta e indirecta mención que al respecto hizo el lehendakari Juan José Ibarretxe. Cabe decir que se trataba de una mención obligada, puesto que es el máximo responsable del Gobierno de Lakua, uno de los patronos fundadores junto con la Diputación de Bizkaia y la Fundación Solomon R.

Ibarretxe consideró que es necesario «reaccionar de inmediato» en contra de «las faltas de honestidad», y subrayó que es preciso «no dar cobertura, apartar del camino, exigir la devolución de la parte sustraída, denunciar ante los tribunales y aprender de los errores humildemente». Sin citar expresamente el caso del fraude en el Guggenheim, se refirió durante un acto celebrado en la Diputación de Gipuzkoa a los «últimos datos de deslealtad manifiesta por parte de algunos de los responsables institucionales».

Si Ibarretxe se refirió de soslayo a los últimos casos de corrupción, la diputada de Cultura de Bizkaia ni siquiera quiso pronunciarse en una comparecencia que tuvo lugar en Bilbo. Preguntada sobre el caso que saltó a la palestra la víspera, Josune Ariztondo rehusó hacer declaraciones.

Quienes sí se pronunciaron fueron los partidos y responsables políticos sin representación en el museo. La portavoz de ANV Arantza Urkaregi denunció que el PNV pretende «seguir gestionando su parcela de poder, hacer negocio y seguir robando a la ciudadanía» y destacó «el fraude en la Hacienda de Irun y el escándalo del Museo Guggenheim» como ejemplos de la «oscura gestión» del PNV.

La parlamentaria de Aralar Aintzane Ezenarro calificó de «muy grave» lo sucedido. «Es inaceptable el desvió de dinero público en cualquier caso, y más aún cuando queda en evidencia que el control sobre este tipo de sociedades no está garantizado de ninguna manera». Para Ezenarro, «ahora toca, y así se lo solicitaremos a la consejera Miren Azkarate en la comparecencia en la Cámara vasca, que el Gobierno Vasco defina qué nuevas medidas de control se aplicarán».

En cuanto a EA, Onintza Lasa recalcó la obligación de «investigar, aclarar y depurar todas las responsabilidades, del tipo que sean» y la necesidad de «revisar y mejorar los mecanismos de control sobre este tipo de sociedades, financiadas total o parcialmente con dinero público».

El PP anunció que solicitará la creación de una comisión de investigación y una auditoria externa, así como la comparecencia de Josune Ariztondo, porque existe responsabilidad «más allá de Roberto Cearsolo» mientras que Isabel Celaá (PSE) solicitó la asistencia urgente de Vidarte en la Cámara de Gasteiz.