El juez no encuentra «interés legítimo» en la solicitud cursada por Ezker Abertzalea de personarse como acusación particular en el caso Guggenheim. Sin sucumbir a los detalles de orden técnico y judicial, ¿cuál es el argumento objetivo que lleva a descartar que un grupo parlamentario pueda ejercer de acusación en un caso que provoca una razonable alarma social? ¿Alguien sospecha de que la izquierda abertzale, a la que se excluye sistemáticamente de los órganos de gestión opacos que se prodigan tanto en la administración pública como en un sinfín de organismos paralelos receptores de fondos públicos, pueda tener algún interés espurio en la materia?

Personalmente, considero que casos como el de Balenciaga, el Guggenheim o la Hacienda de Irun -por cierto, tampoco a la Diputación de Gipuzkoa ni al juez encargado le gustó la presencia requerida por el sindicato LAB- se producen porque proliferan los puestos de confianza, es decir los cargos que actúan sin rendir demasiadas cuentas sobre sus actuaciones. No me cabe, si no, en la cabeza que en la Hacienda bidasotarra se produjera un hurto millonario que tardó en destaparse nueve años, o que el ex responsable financiero del Guggenheim robara, según su propia confesión al juez, prácticamente durante los diez años que ha permanecido en el puesto, sin que nadie ni nada haya podido impedirlo.

Aquí no hablamos de manzanas podridas, sino de un modelo de gestión que permite -porque no previene- ciertas prácticas, un sistema en el que se sobrevalora la confianza o, mejor dicho, la fidelidad particular frente a criterios más objetivables y, por tanto, con más garantías para la ciudadanía.

Por lo demás, y aunque desde las autoridades autonómicas, forales y locales concernidas se esgrima un genérico propósito de enmienda, de nuevo se nos coloca ante un acto de fe. Cosa diferente sería que se hiciera camino al andar, mostrando de partida una disposición novedosa a oxigenar las tareas de control, sin poner trabas a un grupo parlamentario para que ejerza la labor fiscalizadora en todos los ámbitos, porque es ése el mandato básico que tiene una formación en la oposición: velar por que los que tienen la llave de la caja la usen de acuerdo al «interés legítimo» de la sociedad.