Andrés Krakenberger y Daniel Añua expusieron ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz las propuestas de Amnistía Internacional (AI) para poner fin a la práctica de la tortura y de los malos tratos policiales a las personas en situación de detención. Entre otras medidas propusieron la realización de auditorías externas de los mecanismos de investigación internos de la Ertzaintza; una actitud inequívoca contra los malos tratos; o la suspensión de todo funcionario que esté siendo investigado.

Previamente a la presentación de sus propuestas de actuación para el Departamento de Interior del Gobierno de Lakua, los representantes de Amnistía Internacional subrayaron que no consideran que los malos tratos a manos de los funcionarios policiales sean habituales en el Estado español. También valoraron «las dificultades que los funcionarios públicos se encuentran para cumplir con su deber ante personas violentas», incluso admitieron que «puede haber denuncias falsas». Pero subrayaron que «la ausencia de investigaciones adecuadas a la denuncia, ni contribuyen a conseguir que los responsables rindan cuentas ni a limpiar el buen nombre de los funcionarios acusados en falso». Por ello, Daniel Añua remarcó que el objetivo de las recomendaciones de AI es precisamente esclarecer las denuncias existentes, «porque creemos que cuanto mayor sea la transparencia, menos probabilidades habrá de que sucedan, tanto las torturas como las acusaciones en falso».

Auditorías

Entre las seis medidas propuestas por AI, una de las más novedosas es que la Consejería de Interior realice una auditoría externa de los mecanismos de investigación internos «para garantizar que las investigaciones de las denuncias de violaciones graves de derechos humanos se llevan a cabo de conformidad con las normas internacionales». También recomienda AI a Interior que transmita «el mensaje claro de que los malos tratos están absolutamente prohibidos», así como que emita «directrices inequívocas que exijan a los agentes de la Ertzaintza informar de los casos de torturas o malos tratos de los que tengan conocimiento».

En cuanto a las grabaciones en los centros de detención, que también aconseja AI en este nuevo informe, subrayan que éstas deben ser «de vídeo y audio» y de todas las zonas en las que puedan estar los detenidos, «excepto durante las consultas privadas con médico de confianza y abogado». Esta organización internacional también considera que todo funcionario que esté siendo investigado por malos tratos «debe ser suspendido del servicio activo mientras duren los procedimientos». Finalmente, instan a garantizar que todos los policías porten placas de identificación «con su nombre o números visibles», y que no lleven pasmontañas u otros dispositivos que oculten su identidad, salvo en casos excepcionales en los que estén autorizados para ello.

Sólo PP y PSE se opusieron a estas medidas. El primero, por considerar que su aplicación, «pondría a los agentes a los pies de los caballos de los terroristas». El segundo, reclamando a AI que acompañe unos meses a las víctimas de ETA y dedique su tiempo a «hacer informes sobre las conculcaciones de derechos del terrorismo».