La declaración de los peritos de la Guardia Civil, que expusieron ayer su tesis en el juicio contra el movimiento pro-amnistía, se fundamentó únicamente en las declaraciones realizadas por Juan Mari Olano ante los medios de comunicación. Los agentes mostraron titulares de prensa como «El PNV es responsable de la dispersión y el PSOE de su aplicación», a la vez que aseguraban que el zaldibiarra «vierte amenazas directas o indirectas». La presidenta del Tribunal, Teresa Palacios, interrumpió en ese momento la declaración de los agentes, que sólo se prolongó por treinta minutos, para alertarles de que el trabajo jurídico es cosa suya, en referencia a la existencia o no de «amenazas» en esas declaraciones.

Antes de que los agentes del instituto militar tomaran la palabra, los miembros de la UCI de la Policía española hicieron especial hincapié en los procesos de creación de las organizaciones Askatasuna y Etxerat. Indicaron que la primera es fruto de la unión entre Gestoras pro-Amnistía y Koordinaketa; y que la segunda nació de la fusión de Senideak y Gureak. Cuando la Fiscalía les preguntó si estas fusiones fueron decisiones espontáneas, señalaron que se trató de una estrategia que «responde a una directriz de ETA».

Durante la sesión, los agentes también se centraron en las investigaciones realizadas después de la primera operación policial contra el movimiento pro-amnistía, en octubre de 2001, reconociendo que, tras poner punto final al operativo, los seguimientos y las escuchas contra integrantes de este mo-vimiento prosiguieron. Añadieron que con esas «investigaciones» concluyeron que Askatasu- na seguía trabajando pese a la suspensión de sus actividades.

La denuncia de ESK

Con la jornada de ayer se dio por finalizada la toma de declaración a los peritos de la UCI y los de la Guardia Civil. A pesar de que a partir de hoy estaba previsto centrarse en las escuchas telefónicas, por motivos técnicos se procederá a estudiar la documentación.

Por otro lado, el sindicato ESK se sumó ayer a la denuncia de este juicio, entendiendo que «no se puede juzgar, y menos castigar, la solidaridad». Subrayó que ése es el «delito básico que se achaca» y ha exigido la absolución de los 27 imputados. Consideró que con juicios de este tipo «no se avanza en la resolución del conflicto. Es más, consiguen enconarlo, aumentando el sufrimiento de más personas». También incidió en que el juicio que se está celebrando en la Casa de Campo es «político».

La central abogó también por la desaparición de la Audiencia Nacional española, ya que, a su parecer, «no es un tribunal de juicio, sino de castigo».